Caja Piura enfrenta grave crisis por denuncias y escándalos
Entre sanciones de SUNAFIL por hostilidad hasta investigaciones fiscales
La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura (CMAC Piura S.A.C.), una de las instituciones microfinancieras más emblemáticas del país, atravesaría actualmente una de sus crisis más profundas debido a una serie de escándalos que involucrarían desde maltrato laboral sistemático hasta presuntos delitos de corrupción y nombramientos ilegales.
La situación ha escalado a tal punto que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y el Ministerio Público han formalizado procesos contra el presidente del directorio y diversos funcionarios de alta gerencia. El foco de la atención recae sobre Javier Bereche Álvarez, presidente del directorio de Caja Piura, tras revelarse detalles de una investigación inspectiva que lo señala por vulnerar gravemente la dignidad de sus trabajadores.
Este incidente motivó una denuncia formal ante SUNAFIL por parte del trabajador José Luis Gallo Benites. Como resultado, la Intendencia Regional de Piura emitió la Imputación de Cargos N.° 00094- 2026 contra la entidad. SUNAFIL ha propuesto una multa ascendente a S/ 14,070.50 (equivalente a 2.63 UIT), sanción que actualmente ha sido apelada por Caja Piura.
Paralelamente al conflicto laboral, el Ministerio Público ha formalizado una investigación preparatoria (Disposición N° 02-2025-1D2FPPCPIURA) que golpea directamente a la estructura jerárquica de la Caja. A tres funcionarios se les investiga por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de aceptación ilegal de cargo.
Uno de los puntos más críticos de la crisis es la investigación por colusión agravada y negociación incompatible vinculada al denominado “Caso Plexus”. El Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, a cargo del fiscal Miguel Jesús Berru Huamán, investiga un contrato millonario firmado en 2020 para la reestructuración del organigrama institucional.
Además, la Fiscalía ha identificado a un grupo de altos mandos como presuntos responsables de dichos manejos irregulares en agravio del Estado. Esta red de investigaciones ubicaría a Caja Piura en una posición sumamente vulnerable ante los entes reguladores como la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y su propia Junta General de Accionistas.
