No es ningún secreto que, desde hace varios años, hay delincuentes que extorsionan a empresarios de todo calibre, pero sobre todo a emprendedores populares y que actúan principalmente en localidades menos connotadas, pero que son importantes por su movimiento económico.
Hay, por supuesto, preferencias de los extorsionadores, pues, por ejemplo, en lo que se refiere a la actividad empresarial de sus víctimas, prefieren el transporte urbano de pasajeros, tanto el formal como el informal, restaurantes populares y chifas, bodegas y bazares, entre otros establecimientos. Tampoco es secreto que la informalidad en nuestro país está más extendida que la formalidad, pues el formalizarse es muy oneroso.
En consecuencia, los extorsionadores, para su actividad delictiva a la vez que lucrativa, prefieren a los informales, ya que ellos son más cautos en reservar para sí las extorsiones de que son objeto, pues si las dan a conocer a la Policía, ponen en evidencia su actividad informal y, como lógica consecuencia, son más ubicables por otras autoridades oficiales para que los sancionen por su informalidad tributaria y laboral, así como municipal y de seguridad social, también entre varias otras.
Los transportistas han anunciado nueva paralización de labores y actividades, para llamar la atención de las autoridades gubernamentales por su falta de acción para combatir las extorsiones, siendo perfectamente comprensible su enojo, aunque el mecanismo de protesta no sea el conveniente. Con la paralización de actividades, perjudican al público en general que requiere del transporte automotor para sus tareas laborales, esto es, ir y regresar de los empleos; perjudican también a los universitarios que no están de vacaciones como los escolares, aunque sí a los que hacen vacaciones útiles; a quienes deben desplazarse a centros de atención de la salud y muchísimas otras necesidades.
Sin embargo, los perjudicados no son solamente los usuarios del transporte terrestre de pasajeros, sino los propios empresarios del transporte que dejan de percibir el costo de los pasajes, mermando sus ingresos. Hay que recordarles a los transportistas que “no se pueden pedir peras al olmo”, pues no hay suficientes policías para que estén dando protección en los vehículos del transporte público, y que tampoco, de la noche a la mañana, nuestras autoridades pueden resolver una problemática de vieja data.
Se conoce que este es un grave problema de inteligencia, pues deben montarse operativos de esa actividad para dar con los extorsionadores, capturarlos y someterlos a los respectivos procesos de enjuiciamiento penal. Para ello, los extorsionados tienen que colaborar, pero no solamente exigir resultados. Incluso para las labores de inteligencia, los transportistas, formales e informales sin excepción, pueden contratar expertos en seguridad para que diseñen las estrategias para combatir el delito enunciado, proporcionándolas a la Policía para que puedan evaluarlas y ejecutarlas de ser el caso.
Lo que proponemos es acción valedera, frente a la simple pretensión de cruzar los brazos, no laborar y perjudicar a los usuarios del transporte público. Piénsenlo: es mejor hacer que simplemente protestar, enojarse e incordiar al público usuario del servicio.
(*) Expresidente del Consejo de Ministros.
