El pedido de prescripción presentado por el exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón, en el marco del Caso Antalsis, fue declarado infundado. La decisión fue adoptada por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, en respuesta a una solicitud del Segundo Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción, que argumentó que el delito aún debía ser investigado y juzgado debido a los plazos legales vigentes.
La defensa de Cerrón había solicitado la prescripción de la acción penal, argumentando que el presunto delito de cohecho pasivo propio ocurrió en 2011 y estaba prescrito, considerando un año de suspensión del plazo. Para sustentar su solicitud, se basaron en la ley 31751, conocida como «Ley Soto», que modifica el artículo 84 del Código Penal en cuanto a los plazos de prescripción.
Sin embargo, el juez Jorge Chávez aplicó el principio de control difuso, el cual permite al Poder Judicial interpretar las normas constitucionalmente, y decidió que la ley no era aplicable en este caso. Según su resolución, el plazo de prescripción debe contemplar los cinco años y once meses entre 2011 y el inicio de la investigación en octubre de 2016, por lo que el delito aún puede ser investigado.
El Caso Antalsis involucra a Vladimir Cerrón en supuestos actos de corrupción que incluyen la entrega de dos camionetas por parte de Martín Belaunde Lossio, a fin de que Cerrón, en su calidad de gobernador, favoreciera a la empresa Antalsis Perú SAC con contratos irregulares, relacionados con la empresa estatal Sima.
