“Burócratas del Poder Judicial y Fiscalía culpables del avance de la ola criminal”

Por: Hilmer Gasco

El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) opinó que el Ministerio Público y el Poder Judicial son los grandes responsables del incontrolable avance de la criminalidad, al devolver a las calles a la gran mayoría de delincuentes detenidos por la Policía, y oponerse a las leyes que buscan combatir el crimen.

Fue al comentar la oposición de ambas instituciones de aplicar la Ley 32330 para que los menores de edad implicados en delitos graves como sicariato, homicidio calificado, violación sexual, puedan ser juzgados como adultos. “Los burócratas del Poder Judicial, Ministerio Público, y la Defensoría del Pueblo, quienes han permitido que la criminalidad avance tanto, son los que se oponen a esta ley. Seguramente las señoras Janet Tello y Delia Espinoza, al tener tantos policías a su alrededor, no sufren las inclemencias de la criminalidad, pero la población entera sí las sufre”, dijo a La Noticia.

“No estamos ante niños que no saben lo que hacen, sino estamos incluso hasta ante líderes de bandas criminales. Estos jóvenes muchas veces son más osados que un adulto, y por eso los conocen como ‘los gatillo fácil’ porque no tienden a controlar sus impulsos, lo que los vuelve mucho más peligrosos”, añadió. Muñante dijo también que los organismos de defensa de derechos humanos y algunas ONG “han hecho de la criminalidad un negocio” porque les permite seguir operando en el país. “Si la criminalidad se redujera, ya no tendrían ningún tipo de incentivo o subvención de parte de organismos internacionales. Entonces, hay quienes están interesados con que en el Perú no se acabe la criminalidad. No solo son organismos internacionales, sino también son algunos de nuestros países vecinos que buscan ahuyentar la inversión extranjera mediante el aumento de la criminalidad”, afirmó.

Dice que se debe dar protección a nuestros policías y militares

Alejandro Muñante señaló que ha presentado un proyecto de ley que busca que, cuando el policía es denunciado por hacer uso de su arma de reglamento en medio de un estado de emergencia, sea juzgado por la justicia militar, y no por la civil. “Esos mismos fiscales, quienes liberan a delincuentes y se oponen a leyes de mano dura, como la Ley 32330, son los mismos que están persiguiendo a los policías y militares cuando hacen uso de su arma de reglamento frente a los criminales. Hay que quitarle esta responsabilidad a la Fiscalía y a la justicia civil, y dársela a la justicia militar, que va a entender mejor el contexto en el que se desarrollan esos operativos en estados de emergencia”, afirmó.