“Brookfield no debió comprar acciones de origen criminal”

• El doctor Wilber Medina cuestionó la labor de la procuradora anticorrupción Silvana Carrión, quien inicialmente dijo que no tenía competencia en el caso Brookfield, pero después decidió intervenir. Señaló que, en todo caso, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, tiene la razón.

POR: CARLOS RIVERO

En estos días, la Corte de Nueva York debe resolver una demanda de la multinacional canadiense Brookfield para que la Municipalidad de Lima le pague 2,700 millones de dólares por la suspensión de los peajes. El abogado de la comuna metropolitana, Wilber Medina, en diálogo con nuestro canal digital La Noticia Perú, indicó que hay pruebas de que Brookfield adquirió las acciones a sabiendas de que Odebrecht, socio estratégico del consorcio Rutas de Lima, había incurrido en actos de corrupción.

La Municipalidad de Lima viene enfrentando un proceso, una lucha en una Corte de Nueva York para evitar pagar 2,700 millones de dólares, que le pedía la empresa Brookfield por el caso de los peajes. ¿Cuál es el análisis del tema, doctor?

Brookfield considera que es adquiriente de buena fe. No hay que olvidar, y hay que decirle a la población, que Rutas de Lima es una empresa de Odebrecht y el 58 % de las acciones de Rutas de Lima, Odebrecht lo puso a la venta hace muchos años. Y uno de los que compra esa inversión de acciones se llama Brookfield, que es un fondo de inversión. Entonces, López Aliaga, el alcalde de Lima, considera que ellos no solamente por fuente abierta, sino que además el señor Marcelo Odebrecht había sido condenado en Brasil, Odebrecht ya había suscrito un acuerdo de colaboración con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. O sea, ya era una noticia global que Odebrecht era una industria de la corrupción, y, además, había confesado así en Estados Unidos, y que no solamente estos actos de corrupción se habían realizado en el Perú, sino que también en muchos, casi en todos los países de Sudamérica y de Centroamérica. Hasta en Angola me parece que aparece en el acuerdo de colaboración suscrito al Parlamento de Justicia, que está colgado en la página web del Departamento de Justicia, el mismo 2016 que lo firmaron. Para que vean ustedes que los acuerdos de colaboración cuando son firmados inmediatamente, son de conocimiento y de libre acceso al público. Entonces, López Aliaga dice “no, Brookfield ya sabía y no debió comprar esas acciones porque tenían un origen criminal”. Brookfield dice “no, nosotros lo hemos comprado de buena fe porque no existía en el Perú condena contra los ejecutivos de Odebrecht”. Entonces, en ese tema radica la esencia de las acciones que ha desplegado López Aliaga en Estados Unidos. ¿Qué ha planteado? Una figura que allá se conoce como Discovery, acá en el Perú se conoce como el levantamiento del velo societario.

En la práctica y en términos sencillos, significa que el juez ordene a una empresa, un privado, que levante sus comunicaciones internas para saber qué acciones, qué se conversó, cómo se tomó la decisión para comprar ese bolsón de acciones. Entonces, ahí comprobaremos si es que en efecto la compra de Brookfield, no solamente por hechos externos y por hechos de información pública, no sabía, sino que incluso a la interna nadie le advirtió de que lo que estaba comprando era un activo de origen criminal.

La procuradora Silvana Carrión inicialmente se desistió de intervenir, pero después dijo que ella debía participar. ¿Ustedes confían en la procuradora en este proceso?

No, de ninguna manera, nunca hemos tenido, por lo menos en lo personal, confianza ni en el equipo especial que dirige Vela-Barba ni en la Procuraduría desde la llegada de Jorge Ramírez. Y yo tengo un dato objetivo para sostener esto: antes de Jorge Ramírez, como procuradora estaba Katherine Ampuero, que había pedido a la Fiscalía —estoy hablando de 2017—, había pedido al juez y al fiscal… El señor Concepción Carhuancho había embargado todas las cuentas de la Fiscalía, incluso había intervenciones sobre los activos de Odebrecht, pero llegó Marisol Pérez Tello al Ministerio de Justicia, sacan a Katherine Ampuero, ponen a un jovencito Jorge Ramírez y lo primero que hace este caballero es que se desistió de esas medidas limitativas de embargo de intervención de todos los activos de Odebrecht y lo dejaron libre. Eso es, o sea, por favor, no estoy queriendo decir que por un parecer subjetivo que yo no confío en Jorge Ramírez ni en Silvana Carrón, sino con datos objetivos.

Si hay este nivel de desconfianza, cómo la municipalidad puede trabajar de la mano con ella en un proceso tan importante como el que está afrontando en Estados Unidos.

Lamentablemente, esta señora Carrión fue designada Ad Hoc por una legislación anterior. Hoy se ha creado la Secretaría General, a mí me parece, tengo mis críticas, pero quien tiene que decidir su permanencia o sacarla es la procuradora María Caruajulca, y hasta donde yo tengo entendido, lo que pasa es que hay mucho temor. Si yo fuera María Caruajulca, hace rato hubiera firmado una resolución destituyendo a Silvana Carrión, pero no lo soy.

AFIRMA QUE EN LA COMPRA HUBO UN FIN ILÍCITO

El doctor Wilmer Medina señaló que Brookfield compró las acciones de Odebrecht a sabiendas de que era una empresa corrupta. “Acá en el Perú, en el derecho comparado, no se pueden celebrar actos jurídicos, por lo menos para que sean válidos, si es que ha mediado un fin lícito, y si nosotros demostramos que Odebrecht de Brookfield compró las acciones sin la debida diligencia, comprobamos el fin ilícito, se cae su compra, y ellos no pueden decir que ellos son terceros de buena fe, se le cae ese argumento central que ellos dicen”, expresó.