Un tema no tratado en la agenda pública de Perú es el tema de las desapariciones de personas. En 2025 existieron 20,947 denuncias por desaparición en el Perú, un incremento respecto de 2024 que cerró en 17,737.
A pesar de las inconsistencias de datos del Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas (RENIPED) y la poca importancia que le ha dado la PNP y su débil institucionalidad, las cifras acumuladas del periodo 2021 al 2025 son de 47,196 personas. Respecto de las personas ubicadas en el Perú, no se llega a tasas internacionales.
En nuestro país las tasas de personas ubicadas son: en el caso de mujeres, 58%; menores de 5 años, 31%; y adolescentes, que son la población mayoritaria, 48%. Esto implica un sistema débil, no priorizado y de poca efectividad. La mayoría de países tiene tasas de más del 80% y en la región, por ejemplo, Ecuador, a pesar de la violencia en que vive, alcanza el 90%, siendo nuestro sistema ineficaz.
Hay que tomar en cuenta que las desapariciones tienen una fuerte correlación con dos tipos de delitos de alto impacto: los homicidios y la trata de personas. Esto no es un tema menor, ya que genera subregistros en los delitos. Los casos de desapariciones voluntarias son el porcentaje mínimo en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este tema?
Como es obvio, las desapariciones tienen una fuerte vinculación con el crimen organizado y las actividades ilegales. Esta vinculación es directa y estructural. No es casualidad el alarmante incremento de la actividad criminal y las tasas de desaparecidos en el Perú: crecen en forma simultánea y exponencial. Las desapariciones esconden homicidios, tráfico de personas y venta de órganos.
El mal trabajo en este tema existe porque hay una complicidad institucional. El silencio es un disparador de la impunidad y permite que los grupos criminales actúen con libertad, sin descartar la complicidad en estos hechos.
Desde la dinámica del sufrimiento de las familias con familiares desaparecidos, que no van a encontrar una respuesta, y por la comodidad de que se esconden cifras de homicidios y trata de personas, la irresponsabilidad estatal se convierte en complicidad.
La tasa de homicidios en Perú, según el informe del Comité Estadístico de la Criminalidad (CEIC), presentó un Informe Técnico DS N°012-2025-JUS en donde da cuenta de un crecimiento de la tasa: del 2019, con 7.4, pasó a 10.7 muertos cada 100,000 habitantes. Es decir, Perú ya se encuentra en una pandemia de violencia según la OMS. Pero veamos los números absolutos: los homicidios en números absolutos son 3,675, cifra que, como vimos, es alarmante.
Ahora, si consideramos que el número de denuncias por desapariciones fue de 20,947 y no llegamos ni siquiera a ubicar al 50% de los desaparecidos, tenemos que hay más de 10,000 personas no ubicadas en un año, de las cuales parte son homicidios y parte son trata de personas. En cualquier escenario podríamos hablar de que la tasa de homicidios en el Perú podría ser más del doble de lo reportado.
Si no somos conscientes de este problema y no se le da la prioridad que corresponde, estaremos condenados a que existan fosas comunes, cuerpos descuartizados, cuerpos desaparecidos con ácido, porque finalmente SIN CUERPO NO HAY DELITO
(*) Presidente de APROSEC.
