En más de una ocasión hemos escuchado, con tono solemne, proclamar por parte de los titulares de los órganos de administración de justicia, la defensa de la autonomía institucional. Esta garantía indica la efectividad de un órganopara autorregularse, conducirse y administrarse dentro del marco de la Constitución y las normas del bloque de constitucionalidad.
Dicha autonomía asegura una protección especial frente a la injerencia política del Parlamento y del Poder Ejecutivo. Amparados por la Constitución, corres- ponde a los miembros de dos organismos judiciales hacer respetar dicha capa- cidad discrecional reglada.
Con perplejidad, en un pasado no muy lejano, hemos visto desfilar, con aire de conscriptos, a los presidentes del Poder Judicial: Luis Portugal Rondón, Luis Serpa Segura, Moisés Pantoja Rodulfo, Víctor Castillo y Mario Urrelo Álvarez.
Era una autonomía digitada por Vladimiro Montesinos y el comandante Dellepiane. Fueron presidencias de la Corte Suprema “simbólicas”, ya que la potestad de mando estaba sujeta al “pido permiso, señor”.
Por supuesto que, al interior de la institución, no hubo ninguna voz coral de protesta. Era parte de la tradición. En el Ministerio Público, quizá con aires menos ceremoniosos, pero grácilmente obsecuentes, se nos aparecen las figuras, en modoalguno mayestáticas, de Blanca Nélida Colán y Miguel Aljovín Swayne.
No menos observable, perfumada de magnolia y rociada de mañanita —como dice el vals—, dice presente con sumisión aprendida en las escaleras del ascenso Zoraida Ávalos. Y ni qué decir de la gestión de Pablo Sánchez Velarde, atento cumplidor de voces externas con agenda fiscal. Como poco y sin ouija, escucha con atención los ucases de un gran gurú.
En suma, la autonomía grabada solemnemente en la Constitución ha sido frecuentemente arrojada al desván de las cosas inútiles, cuando la titularidad de dichos órganos se ha incardinado en las personas equivocadas.
Recientemente, y durante algunas gestiones, esa autonomía ha quedado manoseada por obra y gracia de un espíritu institucional canijo. En puridad, ha quedado en depósito no requerido, en una ONG que además opera como estudiojurídico. Pero, hasta hace poco, oficina tenía dentro de la institución.
También se reclama independencia ante cualquier intento de interferencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. En su manifestación interna, esta exige que ningún juez o fiscal se someta a la voluntad de un superior jerárquico, en cuanto a las competencias que la ley le asigna.
Curioso es encontrar que, con un telefonazo, se arreglan las cosas a gusto del amigo; o peor aún, para favorecerse en alguna causa de interés personal. ¿Qué independencia puede tener un juez provisional, nombrado a dedo y sujeto al humor o conveniencia del nombrante?
Es más curiosa la invocación a la imparcialidad, que implica encontrarse exento de interés, compromiso o canje de prestaciones con los justiciables. Unos recientes archivamientos de procesos que comprometían directamente a fiscales o sus allegados dejan sin sustento aquel dicho de que la sanción es “la antorcha que ilumina y elbálsamo que cura”. Pamplinas, aquí encontramos pura mecánica “jurídica”.
Dejemos de engañarnos: la justicia en el Perú ha estado y está reñida, en ciertos casos, no solo con la eficiencia, la eficacia o la corrección funcional; lo cual no es poca cosa. Institucionalmente, se ha entregado dócilmente a la injerencia externa o interna. Y ahora viene con agenda y aprestamiento al servicio de móviles políticos de control u orientación ideológica.
¿Cambiará esa situación? Pues los cooperantes y prisioneros de ese sistema no parecen dar muestras de acto de contrición, arrepentimiento o rebeldía.
(*) Expresidente del Tribunal Constitucional
