Congreso otorga facultades al Ejecutivo para legislar en materia de seguridad ciudadana
El Congreso aprobó esta tarde, con 80 votos a favor y 19 en contra, un nuevo texto sustitutorio que otorga al Poder Ejecutivo facultades legislativas por 60 días para normar en materia de seguridad ciudadana, lucha contra el crimen organizado, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional. Con 80 votos a favor, 20 en contra y ninguna abstención, se exoneró además la segunda votación, dejando el dictamen listo para ser remitido al Ejecutivo para su eventual promulgación.
Antes de ello, el Pleno aceptó con 83 votos favorables, 11 en contra y 4 abstenciones— la reconsideración de la votación previa del Proyecto de Ley 13280/2025-PE. Esta solicitud, presentada por la congresista Norma Yarrow (Renovación Popular), permitió reabrir el debate y finalmente aprobar un nuevo texto. Durante la sesión, el presidente de la Comisión de Constitución, Arturo Alegría García (Fuerza Popular), anunció el retiro de la submateria 2.2.12, relacionada con indemnizaciones preestablecidas en temas de propiedad intelectual, al considerar que corresponde evaluarse mediante una ley ordinaria debido a su vínculo con Indecopi y los derechos de los consumidores.
Alegría destacó además el esfuerzo de la Comisión de Constitución, que trabajó con urgencia, organizando sesiones extraordinarias y mesas de diálogo para recoger aportes de todas las bancadas. Gracias a ello, se alcanzó un consenso amplio y técnicamente sólido. La comisión, indicó, aprobó 49 de las 58 propuestas del Ejecutivo un 84 % del total, asegurando que todas se mantuvieran dentro del marco constitucional y preservando las funciones de control político del Congreso. Entre las medidas incluidas, sobresale la creación del Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos (SEEDC), destinado a combatir extorsiones, sicariato, secuestros y otros crímenes vinculados a redes delictivas.
El texto aprobado también endurece sanciones por divulgar información reservada durante investigaciones penales o procedimientos policiales e incorpora un tipo específico de inhabilitación para quienes resulten condenados por este delito, buscando equilibrar estas restricciones con la protección de la libertad de prensa y el secreto profesional. Asimismo, plantea modificaciones a la Ley del Refugiado (Ley 27891) para reforzar el proceso de reconocimiento de refugiados, el archivo de casos y la aplicación de sanciones, además de exigir el registro de datos personales y la captura biométrica obligatoria en el Registro de Información Migratoria. Con la aprobación congresal, corresponde ahora al Gobierno implementar estas facultades para contribuir a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía peruana.
