Fiscalía, Poder Judicial e Inspectoría de la PNP: es hora de actuar

La medida dispuesta por la Fiscalía de la Nación de desactivar los equipos especiales de fiscales no debe quedar únicamente en la desactivación. Es necesario que los peruanos conozcamos determinadas conductas y actos que han realizado, no solo los fiscales, sino también los procuradores que “colaboraron” en los viajes a Brasil y en los acuerdos de colaboración eficaz.

Deben explicar cuál ha sido la razón por la que solo acordaron incluir cuatro casos y por qué los fiscales y procuradores obviaron hechos delictivos como Rutas de Lima y Odebrecht.

También deben aclarar por qué no embargaron la millonaria suma que le fue devuelta a dicha firma brasileña. Los fiscales ofrecieron a los peruanos que en 30 días darían a conocer qué funcionarios y empresarios correspondían a los codinomes que tenían en su poder y que habían cometido delitos. Han pasado tres años y aún no conocemos las identidades de esas personas.

No solamente se incurre en delito por acción, sino también por omisión. Los fiscales y procuradores tienen que responder por los actos que han realizado para beneficiar ilícitamente a Odebrecht.

Estamos ante evidencias de parte de algunos malos policías, fiscales y jueces en provincias, en distritos de Lima Norte, Sur, Este, etc., y en zonas aledañas donde impera la comisión de hechos punibles de toda índole. Son lugares en los que predominan el tráfico de tierras, las extorsiones, los hurtos, los robos e incluso asesinatos, sobre todo en las invasiones, donde los usurpadores prácticamente cuentan con la ayuda de las malas autoridades antes mencionadas. Con ese apoyo delictivo siguen perpetrando sus delitos, porque saben que no les pasa nada. Y si algún afectado presenta una queja ante sus superiores, lejos de investigarlos ocurre lo contrario: los denunciantes son convertidos en autores de delitos. Por ello, los delincuentes se vuelven más agresivos y continúan cometiendo hechos delictivos.

No podemos permitir que la delincuencia se apodere del país. Debemos exigir a los órganos de control de la Fiscalía, el Poder Judicial y la Inspectoría de la PNP que concurran de manera inopinada a los lugares donde impera la delincuencia y escuchen las denuncias que formulan las víctimas, los abogados y el público e

n general sobre los actos delictivos que se ejecutan impunemente con la colaboración de malas autoridades. Se encontrarán con muchas sorpresas respecto a las acciones delictivas que llevan a cabo los traficantes de tierras, quienes actúan impunemente falsificando firmas para apoderarse de propiedades. Además, algunos fiscales provinciales y superiores en lo penal archivan las denuncias sin verificar las investigaciones, sin tomar en consideración la sentencia en el expediente N.° 1479-2018-AA/TC.

El Tribunal Constitucional ha señalado que los fiscales que no cumplen con investigar deben ser denunciados por delito de prevaricato e incumplimiento de funciones.

(*) Exdecano del CAL