AEROMART PERÚ S.A.C. bajo la lupa por falsificación de documentos y omisión de acciones por parte de la Marina de Guerra
La empresa AEROMART PERÚ S.A.C., representada por Ricardo Salvador, se encuentra en el centro de una grave denuncia tras detectarse el uso de documentación falsificada atribuida a la compañía estadounidense ENSTROM, fabricante de helicópteros adquiridos por las Fuerzas Armadas del Perú.
Según consta en la Resolución N° 000173-2022-DJ-ACFFAA, emitida el 16 de noviembre de 2022 por la Agencia de Compras del Ministerio de Defensa, se solicitó a la Marina de Guerra del Perú iniciar acciones legales contra la mencionada empresa por la presunta falsificación. Sin embargo, a la fecha, no se ha evidenciado ninguna denuncia ni procedimiento iniciado, lo que podría constituir una grave omisión de funciones por parte del entonces Comandante General de la Marina.
Mientras tanto, AEROMART habría logrado recuperar la representación de ENSTROM mediante argumentos dudosos, incluyendo la afirmación de que su competidor se encontraba sancionado, a pesar de que las investigaciones de la Agencia de Compras aún no habían concluido. Con esta maniobra, la empresa ha vuelto a participar en procesos de adquisición de dos nuevos helicópteros en menos de dos meses.
Esta situación ha motivado solicitudes formales de investigación a la Contraloría General de la República y la Procuraduría Pública del Estado, tanto por el presunto fraude documental, como por la falta de acciones correctivas por parte de las autoridades competentes.
El caso también ha despertado preocupación en el ámbito militar. Se ha hecho un llamado al actual Comandante General de la Marina, Almirante Polar, a rectificar esta omisión, la cual podría configurar el delito de prevaricato si se confirma que se dejó de actuar deliberadamente ante un fraude comprobado.
Por otro lado, se cuestiona la responsabilidad del General Chávez de la Fuerza Aérea del Perú, ante el riesgo que implica permitir que una empresa que ha falsificado documentos realice el mantenimiento de aeronaves militares, con la posibilidad de que se repitan irregularidades en certificados de vuelo, origen de repuestos y procesos técnicos.
Este caso revela una preocupante falta de control y seguimiento dentro del Ministerio de Defensa y sus instituciones adscritas, y plantea serias dudas sobre los mecanismos de fiscalización interna y la protección de los intereses del Estado.
