Durante el primer gobierno del entonces coronel Mariano I. Prado se adquirió en secreto dos monitores inservibles el “Manco Cápac” y el “Atahualpa” que no te- nían autonomía de navegación, en esta compra hubo una coima de más de un millón de pesos y estos armatostes nunca se equipararon a las magníficas adquisiciones que hizo el general Pezet que compró los blindados “Independencia” y “Huáscar” además de las corbetas “América” y “Unión”. Pezet terminó perseguido y acusado, mientras Prado funda un Banco de emisión en Chile además de adquirir minas de carbón en ese país que durante la guerra que se inició en 1879 abastecían a su escuadra.
En 1873 se firma un acuerdo de alianza defensiva con Bolivia, este tratado tenía la intención de incorporar a Argentina a la alianza, pero el relajo de nuestra diplomacia pensó que al suscribirse el tratado de límites de 1874 entre Chile y Bolivia ya no era necesario la inclusión de Argentina. El resultado de ese Tratado nos llevó a la guerra contra Chile con las graves consecuencias que conocemos. El gobierno de Manuel Pardo principal responsable de este hecho no ha sido estudiado lo suficiente para determinar porque un pacto de esta naturaleza se consideró secreto.
En 1912 Guillermo Billinghurst permite que su canciller Wenceslao Valera acepte la proposición del canciller chileno Antonio Huneeus a que el plebiscito establecido en la cláusula tercera del tratado de Ancón se realice en 1933 permitiendo a Chile 50 años de posesión sobre las provincias de Tacna y Arica que solo debían estar en poder de Chile por 10 años. Esta absurda posición se hizo a espaldas de la población y fue el diario “El Comercio” que logró hacerla pública y con ello paralizar la negociación ante la condena general de los peruanos. A partir de esto para defenderse Billinghurst comenzó a proponer políticas populistas que conllevaron a un golpe de estado que lo sacó del poder.
El 3 de octubre de 1968 el general Velasco da un golpe de estado contra el gobierno constitucional de Fernando Belaunde por un escándalo fabricado al perderse una página del Acta de Talara. Por este documento la International Petroleum Company entregaba a la Empresa Petrolera Fiscal todos los campos de petróleo que tenía a cuenta de su deuda al Estado peruano. El golpe de estado confiscó todos los activos a la IPC para que el 9 de agosto de 1973 en la oscura negociación De La Flor – Greene, en plena dictadura velasquista se indemnice a la empresa norteamericana con más de 24 millones de dólares de la época.
El llamado “acuerdo de colaboración eficaz” firmado entre la Fiscalía, Procuraduría y la empresa corrupta Odebrecht, se ha considerado secreto y las autoridades peruanas fueron a Brasil a firmarlo estando los brasileños bajo la seguridad de sus leyes y sus autoridades. Esto nada más ya era inaceptable porque una cosa es negociar con Barata en Piedras Gordas y otra negociar con él y sus iguales en la comodidad de sus hogares.
El MEF calculó la indemnización que Odebrecht debía al Perú en 5,200 millones de soles; pero el gobierno a través del procurador Ramírez cuya experiencia estaba limitada como cobrador de impuestos a vecinos morosos en Ventanilla aceptó 610 millones de soles a quince años. Por eso Fiscalía y Procuraduría transaron y negociaron intereses por el acuerdo de colaboración la ridícula cifra de 1.5% anual por debajo de la inflación.
Cuando se tiene negociaciones con profesionales del delito como los de Odebrecht, se debe cerrar todas las puertas judiciales. Pero Odebrecht sigue enjuiciando al Estado y tenemos procesos internacionales donde se pide al Perú 3,000 millones de soles por los “perjuicios” que les hemos ocasionado, es decir les deberíamos mucho más que la ridícula indemnización que nos quieren pagar en quince años sin intereses y todo esto gracias al “acuerdo” que ha resultado nada eficaz para el Estado. Cuando este “acuerdo” se haga público conoceremos realmente quienes conformaban la organización criminal en contra del Estado y con ello se determinará sus responsabilidades.
(*) Abogado y excongresista.
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