El Gobierno confirmó la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2026, permitiendo que miles de pequeños mineros continúen su proceso administrativo. Sin embargo, ratificó que los más de 50.000 operadores excluidos previamente no tendrán opción de reincorporarse bajo ninguna modalidad.
El Ejecutivo detalló que la prórroga deberá aplicarse con condiciones más estrictas, evitando nuevos retrasos y priorizando avances comprobables. Su postura se contrapone al dictamen del Congreso, que proponía extender el Reinfo hasta 2027 e incluir nuevamente a los 50.565 mineros retirados del padrón en julio pasado.
A través de un oficio del Minem, se advirtió que permitir el reingreso de quienes incumplieron los requisitos iniciales generaría más desorden y prolongaría indefinidamente un proceso que ya acumula años de observaciones. Además, enfatizaron que la formalización debe ser gradual, verificable y con metas reales de cumplimiento.
Desde el Parlamento, algunos congresistas alertaron que rechazar la reincorporación dejaría en incertidumbre a más de 30.000 mineros activos, cuyos trámites dependen del comportamiento productivo de la región. Señalaron que la decisión podría afectar economías locales donde la minería artesanal es el principal sustento.
Organizaciones mineras pidieron que la ampliación vaya acompañada de asistencia técnica, simplificación administrativa y reglas claras que faciliten la formalización. Sostienen que muchos operadores fueron retirados por dificultades logísticas o por falta de acompañamiento estatal, más que por malas prácticas deliberadas.
Analistas del sector recomiendan que el Estado implemente mecanismos de seguimiento digital, fiscalización progresiva y capacitación técnica para evitar que la ampliación se convierta nuevamente en una simple prórroga sin avances reales. También plantean reforzar la evaluación ambiental y la trazabilidad del oro para reducir la informalidad.
El debate congresal continuará en las siguientes horas, y aunque la ampliación parece encaminada, aún persisten diferencias sobre su alcance y las obligaciones que impondrá a los mineros. Por ahora, más de 50.000 excluidos permanecerán fuera, mientras el Gobierno apuesta por una formalización más estricta y supervisada.
