Encuestas y preguntas sin respuestas: la indolencia hacer perder la paciencia

Para nada deben sorprender las recientes encuestas respecto de la sensación de inseguridad. Son más bien limitadas a la dura realidad que vivimos en seguridad ciudadana. Según Datum, el 87% de los peruanos se siente inseguro y en Lima sube a 94%, lo que claramente muestra una ausencia de calidad de vida de la población.

No es difícil suponer que ante una demanda y necesidad tan grande, la respuesta de las autoridades debería ser prioritaria y contundente. La encuesta revela que el 50% de los entrevistados además declara que ellos o algún familiar han sido víctimas de un acto delictivo. Está claro que el Gobierno no ha tenido ninguna respuesta coherente ni efectiva.

Es cierto además que lo legislado por el Congreso de la República no contribuye prácticamente en nada y en algunos casos, es incluso contrario a los fines de combatir el crimen organizado y la delincuencia. También es cierto que es visible el franco deterioro del Ministerio Público, del Poder Judicial y ciertamente con un sistema carcelario colapsado y corrupto.

La respuesta del Gobierno, como en muchos otros temas, demuestra una ignorancia supina, encubierta además con declaraciones contradictorias y con mentiras descaradas. Por un lado, el décimo tercer ministro del Interior –en el lapso de veinte meses del desgobierno de Dina Boluarte– releva el éxito de los estados de emergencia basándose tan sólo en la cantidad de detenidos. En la misma semana, el Premier declara reconociendo que no hay posibilidades de poner más personas en las cárceles.

Este último, además, en una cínica reacción, culpa a los actores políticos y sociales de las medidas de legítima protesta ciudadana ante esta situación de inseguridad, que causa el malestar y rechazo popular ante la ola de criminalidad impune que debemos enfrentar. Capturas equivocadas, números inventados, logros inexistentes, son la consecuencia de la incapacidad y además de la supuesta necesidad de mostrar algo. Ya a estas alturas, cualquier cosa puede ser falsamente declarada.

La falta de liderazgo y articulación presidencial es evidente, así como la falta de planes y estrategias. Esta crisis también desnuda todos los problemas del sistema de justicia penal en el Perú. En forma cotidiana y en cada institución, los números del delito seguirán creciendo, los impactos en la economía se harán más palpables y la única constante serán las ineficientes gestiones de todas estas autoridades inútiles y sin norte respecto de afrontar el problema, que colisionan entre sí. Creo que a estas alturas la respuesta de “a falta de pan, que coman torta” podría ser el inicio de la caída de este gobierno.

Los ciudadanos requerimos respuestas tanto coherentes como efectivas, frente a una mandataria y gabinete que inicialmente se pensaba que no sabían resolver el aciago y crónico problema de la inseguridad ciudadana; sino que no quieren hacerlo.

Dado que se han efectuado sugerencias ante las cuales hay gubernamentalmente oídos sordos, esto sucede porque no se trata de tan sólo la comisión de un concurso real de delitos graves como extorsiones, sicariatos, asaltos, etc., sino con un componente ideológico que pregona el Socialismo del siglo XXI para implantar el comunismo, que es un propósito trasnochado y errático en los países del mundo donde se ha pretendido aplicar.

Frente a los síntomas descritos, no existe otro diagnóstico que el de un cáncer político en proceso de metástasis extendiéndose criminalmente en la sociedad peruana y en todas sus instituciones.

(*) Presidente de APROSEC.