Tiempo de rendir cuentas

El actual gobierno de turno, que en cabeza de la presidenta de la República ha sostenido innumerables veces que no va a renunciar, pese a las más de cincuenta muertes y asesinatos acontecidos desde el inicio de las protestas sociales en diciembre de 2022- ya ha sido notificado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que informe sobre las muertes y homicidios cometidos, así como por la probable instrumentalización de imputaciones por terrorismo contra los manifestantes sociales que protestan contra el régimen de Dina Boluarte y su premier Alberto Otárola.

La Oficina del Alto Comisionado sobre los Derechos Humanos de la ONU ya ha dado un plazo de 60 días para recibir información de parte del gobierno central de nuestro país, después de haber recibido información sobre presunto uso excesivo de la fuerza pública, la cual responde, en última instancia, a las órdenes emanadas por el Poder Ejecutivo en la figura de la presidente de la República, teniendo que, de acuerdo al artículo 167 de la Constitución Política peruana, el presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

Eso significa que es tiempo de rendir cuentas para el actual gobierno ejecutivo del país ante el máximo organismo mundial del planeta. Después de dos guerras mundiales y de varios genocidios, todo atentado contra los derechos humanos realizado por los Estados nacionales del mundo no puede quedar sin una debida investigación y sanción a los homicidas ejecutores y quienes dieron las órdenes o guardaron silencio cómplice o consintieron las masacres.

La ONU respeta profundamente a la democracia como sistema de vida social y forma de gobierno, y la democracia implica necesariamente transparencia, y la transparencia significa rendir cuentas de todos los actos de trascendencia pública y social. No hay democracia sin transparencia.

Los países ya no son islas en donde puede reinar impunemente la corrupción ni la criminalidad organizada. Todos los genocidios y crímenes de lesa humanidad son castigados inexorablemente, desde los principales perpetradores y autores hasta los cómplices y encubridores.

La lógica del gobernar “sin el pueblo” ya no tiene asidero en la realidad de una democracia que reclama mayores cuotas de participación de la población a través de mecanismos de revocatoria de los cargos de congresistas y presidentes de la República. Es tiempo de rendir cuentas.

(*) Analista político y abogado penalista

* La Dirección periodística no se responsabiliza por los artículos firmados