La extradición de Alejandro Toledo

Hace pocos días los peruanos recibimos la buena noticia que el Departamento de Estado norteamericano había autorizado la extradición del expresidente Alejandro Toledo quien fugó del Perú a los Estados Unidos hace 6 años, al reventar el escándalo de haber recibido coimas de más de 30 millones de dólares de Odebrecht por la construcción de la carretera Interoceánica sur. Por lo general los tratados bilaterales de extradición tienen dos naturalezas: judicial y político. No solo se necesita la autorización del poder judicial del país donde se inicia la extradición del requerido, sino también la aprobación del gobierno de dicho país. Estados Unidos no es la excepción.

Lo extraño del caso es que el juez penal estadounidense de la causa de Toledo falló a favor de su extradición en noviembre de 2021, es decir hace casi 14 meses. La gran pregunta entonces es: ¿por qué el Departamento de Estado norteamericano demoró mucho más de un año en resolver la decisión del juez de ese país?

El Departamento de Estado, que no es otra cosa que el gobierno de los Estados Unidos en el que está conformado por el departamento de justicia (Ministerio de Justicia), tuvo mucho tiempo encarpetado el expediente de extradición de Toledo cuando su propio sistema judicial había dado luz verde catorce meses antes.

La respuesta es muy simple: el gobierno del expresidente Pedro Castillo no movió un dedo para agilizar la gestión ante el gobierno del señor Joe Biden de los Estados Unidos, y esto por una razón especialísima, la Cancillería peruana estaba infestada por altos funcionarios toledistas que habían saboreado las mieles del poder en el gobierno del extraditable Alejandro Toledo entre el 2001 al 2006.

Para nadie es un secreto que tanto el embajador Manuel Rodríguez Cuadros (ex Canciller de Toledo) y el inefable Harold Forsyth (exvicecanciller toledista y embajador en varios destinos importantes representando al Perú y cercano amigo de la pareja Toledo – Karp) dominaban y manejaban a su antojo el Ministerio de Relaciones Exteriores en la época del gobierno castillista, justo cuando más se necesitaba de ellos para agilizar el trámite de extradición de su exjefe desde los Estados Unidos.

Es más, Rodríguez Cuadros y el oportunista Forsyth eran embajadores de Perú en la época de Castillo tanto ante la ONU como la OEA respectivamente. Ambos exembajadores no hicieron nada para apurar el trámite de extradición, como tampoco lo hicieron ninguno de los altos funcionarios que transitaron por la Cancillería.

Es obvio que si el país requerido (EE.UU.) ve que el país requirente (Perú) no le interesa la extradición de semejante personaje, y observan desidia en su accionar, van a colocar en la última fila de la cola la decisión final, que para suerte del Perú recién se tramitó hace un par de días de manera favorable, pero no por impulso del gobierno peruano o de su cancillería sino por puro default.

Esperemos que la presidenta Dina Boluarte envíe una comitiva de alto nivel para apurar el traslado físico de Alejandro Toledo al Perú para agilizar la parte administrativa de gobierno a gobierno de dicho traslado con Interpol de por medio, para así evitar algún contratiempo o sorpresa, y seguir los pasos que hicimos cuando extraditamos trasladando físicamente al expresidente Alberto Fujimori de Chile al Perú, en la época del expresidente Alan García.

(*) Ex vicepresidente de la República

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