Como culminación de un malhadado y torpe autogolpe de Estado que protagonizó el expresidente Pedro Castillo la mañana del 7 de diciembre, el Congreso de la República ha tomado la determinación en el marco de la Constitución del Perú de establecer el desafuero del exjefe de Estado.
Hay que aclarar que este acto es plenamente constitucional y se da en el marco de una situación atípica, es decir, un presidente que es sorprendido en la comisión flagrante de un delito contra el orden constitucional.
En ese contexto y luego de la sesión plenaria en la que se le declaró vacado en el cargo, se analizaron los hechos y las conductas en torno a la actuación del entonces presidente Castillo Terrones por lo cual se tomó la decisión. Tras evaluar los hechos perversamente políticos se encontró oportuno y adecuado por amplio consenso (101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones) tomar la importante decisión de vacar a Castillo y, por consiguiente, tras el levantamiento del fuero ya no se requiere ningún otro procedimiento.
Dicho todo esto, hay que ser enfático en lo siguiente: el futuro de Castillo queda en manos del Ministerio Público y posteriormente del Poder Judicial, que serán los encargados de analizar la situación jurídica del malogrado expresidente de la república.
(*) Expresidente del Tribunal Constitucional
(*) Exministro de Justicia
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