La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de que ordene al Estado peruano suspender el proceso de acusación constitucional en su contra que lleva a cabo el Congreso por sus presuntas gestiones como presidenta del Club Apurímac a la par de sus labores como alta funcionaria del Estado.
El abogado de Boluarte, Alberto Otárola, sostuvo en el documento que presentó a la CIDH en junio, se precisa que la oposición busca “hacerse con el poder” y apartar a su patrocinada del Gobierno mediante el uso indebido de informes administrativos.
Al respecto, el vocero de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, señaló que la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social “está en su derecho de presentar cualquier documento en su defensa y salvaguardar sus intereses, siempre y cuando ella considere que está siendo perjudicada”. En tal sentido, dijo que Boluarte pudo haber cometió una infracción, pero a su juicio no es lo suficientemente grave para pedir su salida del cargo.
