Corte le ordena al Estado peruano no dar libertad a Alberto Fujimori
Le pide abstenerse de acatar el fallo del Tribunal Constitucional que le restituyó el indulto
Luego de deliberar durante algunas semanas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dejó sin efecto el fallo del Tribunal Constitucional (TC), que disponía concederle la libertad al expresidente Alberto Fujimori al restituirle el indulto por razones humanitarias otorgado en el 2017 por el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski.
Según la resolución de la CIDH, con fecha de ayer y referida al “Caso Barrios Altos y Caso La Cantuta Vs. Perú”, el Estado peruano “debe abstenerse de implementar” la mencionada sentencia. Además, debe presentar un informe detallado sobre su obligación a investigar, juzgar y sancionar, a más tardar para el 13 de mayo próximo.
En la disposición se indica que el órgano supranacional consideró que el indulto otorgado a Fujimori “no cumplió con las condiciones determinadas en la resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia de 30 de mayo de 2018”.
HABLA KEIKO
Keiko Fujimori, hija del expresidente, se pronunció luego de conocer la decisión de la CIDH. “Como familia, hemos recibido esta noticia con muchísimo dolor por lo que le están haciendo a nuestro padre. Es la segunda vez que le generan esta profunda desilusión. Yo lo que siento es que todo lo que está pasando no es casualidad. La demora en todo el trámite para que salga en libertad parece que ha sido premeditado”, expresó.
Por su parte, el abogado de Fujimori, Elio Riera, también manifestó su sorpresa, preocupación y consternación ante la resolución de la Corte. Lamentó que la CIDH no haya tomado en cuenta los documentos presentados por los abogados César Nakazaki y Carlos Masías, defensores de Fujimori en dicha causa.
25 AÑOS DE CÁRCEL
El expresidente Fujimori, de 83 años de edad, cumple una condena de 25 años de cárcel por los delitos de usurpación de funciones; homicidio calificado con alevosía y secuestro; y corrupción y espionaje.
A inicios de marzo, Fujimori fue trasladado de emergencia al Hospital II Vitarte y luego a la clínica Centenario, donde ha venido llevando su tratamiento. El 14 de marzo fue dado de alta una vez más y regresado al penal de Barbadillo, de donde no podrá salir debido al fallo de la CIDH.
