Opinión

Formalizar no es prorrogar

Por: Willy Ramírez

El proceso de formalización minera integral tiene como fecha límite el 31 de diciembre de 2026, salvo que antes entren en vigor la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) y su reglamento. El proyecto de esa ley aún no tiene dictamen en la Cámara de Diputados, donde además esperan turno dos iniciativas para ampliar el registro hasta 2028 y hasta 2030. Mi posición es clara: otra prórroga sin exigencias verificables de cumplimiento prolongaría el fracaso del sistema y debilitaría la autoridad del Estado. 

Según cifras del MINEM difundidas este mes, el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) suma 31 574 inscripciones, de las cuales 8 859 están suspendidas. El Instituto Peruano de Economía estima que en el primer semestre de 2026 el oro de origen ilegal representó el 54 % del volumen de oro exportado. Estas cifras no permiten determinar cuánto de ese oro procede de inscritos en el REINFO, pero hacen ineludible exigir resultados verificables al proceso de formalización. 

Nuestra Carta Fundamental declara que los recursos naturales son patrimonio de la Nación y garantiza el derecho a un ambiente equilibrado. En 2025, al resolver la demanda contra una prórroga anterior (Expediente 00017-2023-PI/TC), el Tribunal Constitucional la declaró improcedente porque la norma ya había perdido vigencia. Aun así, dispuso que los pode res del Estado se abstengan de prever exenciones de responsabilidad penal por delitos ambientales, civil y administrativa en la formalización, y los exhortó a construir un sistema permanente. La transición hacia la legalidad no puede convertirse en un espacio de irresponsabilidad. 

Al ratificar el Convenio de Minamata, el Perú se obligó a reducir y, donde sea viable, eliminar el mercurio en la minería aurífera artesanal y en pequeña escala. La Corte Interamericana, en la Opinión Consultiva OC-23/17, precisó que los Estados deben prevenir daños ambienta les significativos, aun cuando los causen particulares. 

La propuesta del Ejecutivo debe medir se con esa misma vara. Plantea un régimen de consolidación de diecio cho meses, cerrado a nuevos ingresos. La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental sostiene que se trata de una prórroga encubierta, pues no fija obligaciones progresivas ni consecuencias al vencimiento. La objeción me rece respuesta: esos dieciocho meses solo serán una salida distinta si exigen avances verificables, cumplimiento ambiental y sanciones efectivas ante el incumplimiento. Cambiar el nombre del régimen no basta. 

Hay, por último, una cuestión de equidad institucional. El minero que opera con las autorizaciones exigibles y cumple sus obligaciones ambientales y tributarias compite hoy en desventaja, y cada prórroga sin condiciones lo castiga. El Estado debe facilitar la formalización de quien cumple y perseguir a quien utiliza el registro para encubrir actividades ilegales. Formalizar exige obligaciones verificables y un plazo final; prorrogar sin exigir resultados es perpetuar la informalidad. 

La legislatura cierra el 15 de diciembre. El Congreso y el Ejecutivo deben asumir sus respectivas responsabilidades: aprobar una transición exigente y hacer cumplir sus condiciones. La autoridad del Estado también se juega en su capacidad de convertir los plazos legales en resultados. 

(*) Catedrático 

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