El 10 de noviembre se conoció el pedido de congresistas de cinco bancadas para que el Gobierno pague las indemnizaciones ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso La Oroya. Según su pronunciamiento, el plazo venció el 22 de marzo de 2025 y las víctimas, o los familiares de quienes fallecieron, seguían sin recibir el pago. El Perú tuvo la oportunidad de exponer sus razones ante la Corte. Ahora le corresponde cumplir la sentencia.
Hay un antecedente que me parece especialmente grave. En 2006, nuestro Tribunal Constitucional ya había ordenado implementar un sistema de emergencia para atender la salud de las personas afectadas por la contaminación por plomo en La Oroya. Años después, la Corte Interamericana examinó qué había hecho el Estado para cumplir esa y otras órdenes, y concluyó que había vulnerado el derecho de los habitantes afectados a que la decisión judicial se hiciera efectiva. El incumplimiento, entonces, no empezó en San José. Empezó en casa.
Conviene leer bien el fallo. La Corte no condenó a la minería ni a la inversión privada. Declaró al Estado peruano responsable por violaciones de derechos que afectaron a 80 habitantes de La Oroya. Su sentencia describe las consecuencias de la contaminación y las deficiencias en la regulación y fiscalización del complejo metalúrgico. Quien defiende la actividad minera tiene buenas razones para exigir una fiscalización competente. Los vecinos de La Oroya necesitan saber quién vigila el complejo y qué hace la autoridad cuando se incumplen las normas que protegen su salud.
El fundamento jurídico puede decirse en pocas palabras. Al ratificar la Convención Americana, el Perú asumió, conforme a su artículo 68.1, el deber de cumplir las decisiones de la Corte en los casos en que es parte. Además, desde 2002, la Ley N.º 27775 regula cómo se ejecutan en el país las sentencias de tribunales supranacionales. Las víctimas ya acudieron a los tribunales. No les corresponde resolver ahora cómo se organiza el Estado para pagarles.
También hace falta una explicación pública. La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental solicitó información sobre las medidas adoptadas para ejecutar el fallo. Ante las negativas que recibió, recurrió al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La distinción es ele mental: deben protegerse los datos personales de las víctimas, pero la ciudadanía tiene derecho a conocer qué han hecho las autoridades para cumplir una sentencia dictada contra el Perú.
Cumplir una sentencia internacional es ejercer la soberanía con la seriedad de quien honra su firma.
Mi paso por la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos me dejó una convicción: para que una sentencia se cumpla, alguien debe asumir la responsabilidad de ejecutar la, contar con presupuesto y responder por los plazos. En La Oroya, el Ejecutivo debe informar cuánto se ha pagado, qué obligaciones siguen pendientes y en qué fecha las atenderá. Esa respuesta se la debe, en primer lugar, a quienes llevan años reclamándola.
*Catedrático
