Disciplina Escolar: la autoridad docente no implica que los niños sientan miedo de entrar a su escuela

Por Roberto Sánchez R.

El educador Fernando Antonio Flores Limo plantea una escuela con límites claros, respaldo al maestro y protección efectiva de los estudiantes. Frente al proyecto de disciplina escolar, propone compromisos verificables de familias y autoridades y una respuesta que atienda las causas y las consecuencias de la violencia.

La escena puede ocurrir en cualquier hogar: un estudiante guarda silencio cuando le preguntan cómo le fue en el colegio; una madre percibe que algo cambió, pero todavía no sabe qué; un profesor termina la jornada preocupado por un conflicto que no consiguió resolver. Son situaciones ilustrativas de una inquietud compartida: qué necesita una escuela para que aprender y enseñar sean experiencias seguras.

La publicación del proyecto de lineamientos sobre disciplina escolar ha abierto un debate que alcanza a docentes, familias y estudiantes. La Resolución Ministerial N.º 613-2026-MINEDU, publicada el 12 de octubre, dispuso su consulta durante quince días calendario. La discusión exige precisar qué propone el documento y con qué capacidades contarían las instituciones para aplicarlo. [1]Explorar Cursos

Esta propuesta de entrevista desarrolla una posición educativa centrada en la responsabilidad: actuar ante la violencia, acompañar a quienes la padecen, sostener la autoridad pedagógica y exigir recursos para que las decisiones puedan cumplirse.

Doctor Flores Limo, ¿qué debe cambiar en una escuela para que el profesor pueda enseñar con autoridad y cada estudiante pueda aprender sin miedo?

Debe existir la certeza de que pedir ayuda sirve. Un estudiante tiene que saber quién lo escuchará, cómo será protegido y qué ocurrirá después de comunicar una agresión. El profesor necesita reglas comprensibles, una dirección que lo respalde y acceso a apoyo especializado. Las familias deben conocer sus responsabilidades y los canales para intervenir.

Me preocupa el niño que empieza a pensar que soportar una humillación es parte de estudiar. También el maestro que siente que cualquier intervención lo dejará solo. Una escuela segura necesita responder a ambos. Propongo que cada institución haga una pregunta sencilla: si alguien denuncia hoy una amenaza, ¿tenemos capacidad para protegerlo hoy? La respuesta debe traducirse en personas responsables y acciones concretas.

¿Por qué este debate debería conmover a una familia cuyo hijo nunca ha sido agredido?

Porque la seguridad escolar es un compromiso colectivo. Todos queremos despedir a nuestros hijos por la mañana con tranquilidad y recibirlos por la tarde con la confianza de que fueron tratados con respeto. Esa tranquilidad no puede depender de la suerte ni de cuánto pueda pagar una familia.

Además, educamos a quienes mañana convivirán con nuestros hijos. Cuando un estudiante aprende que puede humillar y que nadie interviene, toda la comunidad recibe una lección equivocada. Cuando observa una respuesta justa, aprende que la dignidad tiene protección. Cuidar la convivencia escolar es una forma concreta de cuidar la sociedad que estamos construyendo.

¿Qué encuentra valioso en la propuesta del Ministerio de Educación y qué exige revisar?

Considero valioso que se busque dar claridad a las responsabilidades y a las consecuencias de las conductas. Un docente necesita saber qué puede hacer, cuándo debe intervenir la dirección y qué protección corresponde. La escuela requiere capacidad para actuar.

Mi exigencia es que cada medida demuestre su utilidad educativa y pueda ejecutarse con garantías. Hay que revisar la precisión de las faltas, la proporcionalidad de las respuestas, la posibilidad de escuchar al estudiante y la continuidad de su formación. También debe explicarse quién financiará el acompañamiento. Invito a los maestros y a las familias a examinar el texto y presentar observaciones fundamentadas durante la consulta.Explorar Cursos

Se habla de recuperar la autoridad del maestro. ¿En qué consiste esa autoridad?

En la capacidad legítima de conducir el aprendizaje y asegurar que todos puedan participar con respeto. Incluye poner límites, detener una agresión y exigir el cumplimiento de los acuerdos. También exige coherencia: escuchar, explicar las decisiones y aplicar criterios justos.

Un maestro que corrige sin insultar enseña cómo se ejerce el poder. Un directivo que respalda una intervención adecuada y revisa una actuación incorrecta fortalece la institución. Recuperar la autoridad docente requiere formación práctica para manejar conflictos, tiempo para la tutoría, procedimientos claros y respaldo frente a amenazas. El profesor no debería cargar, por sí solo, con problemas que necesitan la intervención de varias instituciones.

¿Cómo responder a quienes consideran que el castigo severo es la única solución?

Comprendo la indignación de una familia que siente desprotegido a su hijo. Esa preocupación merece una respuesta efectiva. Ante una agresión, la prioridad debe ser detener el daño y adoptar medidas de protección. Después corresponde esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Propongo valorar una medida por lo que consigue: ¿protege?, ¿evita la repetición?, ¿permite asumir responsabilidad?, ¿tiene seguimiento? Aumentar una sanción sin resolver esos puntos puede dejar intacto el riesgo. Tampoco es aceptable una conversación que termine sin acuerdos ni consecuencias. La firmeza educativa se reconoce en decisiones oportunas, proporcionales y sostenidas.

¿Está a favor de separar de una escuela a un estudiante que ejerce violencia grave?

Considero que, en situaciones de riesgo grave y acreditado, puede ser necesario impedir el contacto con quienes están en peligro y evaluar la separación conforme a las reglas y garantías aplicables. Ninguna víctima debería quedar expuesta a nuevas agresiones mientras espera una respuesta.

Pero una decisión de ese alcance debe examinar los hechos, escuchar a las partes y contar con un plan de continuidad educativa y seguimiento. Trasladar un problema sin comunicar riesgos a las instancias competentes y sin apoyo especializado puede reproducirlo. El deber de proteger a la comunidad y la responsabilidad de atender al estudiante que causó daño deben abordarse de manera coordinada. La escuela necesita que la UGEL y los servicios públicos asuman su parte.

¿Qué opinión le merecen las reglas sobre presentación personal?

Las normas escolares necesitan una finalidad comprensible y una aplicación proporcional. Cuando una exigencia responde a higiene o seguridad, esa relación debe explicarse. También debe examinarse si puede cumplirse en distintos contextos económicos y culturales.

Me parece esencial mantener las prioridades. La presentación personal no permite, por sí sola, conocer la honestidad, la empatía o el respeto de un estudiante. Por eso propongo evaluar las reglas según su contribución concreta a la convivencia y al aprendizaje. Las familias deben participar en esa discusión y la escuela debe evitar que una dificultad económica, una particularidad cultural o una condición personal se conviertan en motivo de humillación.

¿Qué responsabilidad tienen los padres y qué sucede con las familias que viven bajo fuertes dificultades?

Las familias tienen la responsabilidad de enseñar respeto, escuchar a sus hijos y colaborar cuando la escuela comunica un problema. Defender a un hijo exige ayudarlo a reconocer lo que hizo, reparar cuando corresponda y cumplir acuerdos. Justificar cualquier conducta le impide aprender responsabilidad.

Pero la corresponsabilidad debe ser practicable. Hay madres y padres que trabajan jornadas extensas, viven lejos o enfrentan situaciones difíciles. La escuela necesita horarios y canales accesibles, además de derivación a servicios cuando haga falta. No propondría que un estudiante cargue con una sanción por la ausencia o la pobreza de sus padres. Debemos exigir compromisos realistas y ofrecer apoyos para cumplirlos.

¿Qué debe hacerse cuando la violencia circula por celulares y redes sociales?

Las reglas sobre dispositivos deben ser conocidas y atender las necesidades pedagógicas y de accesibilidad. Además, hay que enseñar consentimiento, privacidad y responsabilidad por lo que se comparte. Grabar una agresión para burlarse de alguien añade otra forma de daño.Explorar Cursos

A las familias y a los estudiantes les pediría que no difundan imágenes que expongan a una víctima. Si existe material relevante para una denuncia, debe preservarse de forma segura y entregarse a las instancias competentes, evitando su circulación. El colegio necesita un canal de ayuda y formación para actuar ante el hostigamiento digital. Guardar el celular durante una clase puede ordenar una actividad; educar para usarlo responsablemente requiere un trabajo continuo.

¿Qué precaución debería tener el proyecto respecto de las denuncias y la imagen de la institución?

Considero necesario precisar las disposiciones que pudieran interpretarse de forma tan amplia que desanimen a comunicar una agresión. Una denuncia que no logra acreditarse no equivale, por ese solo hecho, a una acusación deliberadamente falsa.

Propongo distinguir con claridad una fabricación probada de evidencias de una comunicación de buena fe. También proteger a denunciantes y testigos frente a represalias. La reputación de una escuela se sostiene en la calidad de su respuesta cuando ocurre un problema. Debe poder investigar, reconocer una falla y corregirla. Ocultar un hecho para evitar una noticia desfavorable debilita la confianza y deja a los estudiantes sin protección.

¿Qué recursos necesitan las escuelas para que estas medidas funcionen?

Necesitan personas preparadas, tiempo y coordinación. Propongo equipos de apoyo psicológico y social con presencia programada, formación práctica para docentes y directivos, espacios adecuados para intervenciones supervisadas y acceso oportuno a orientación jurídica.

En zonas rurales, amazónicas y dispersas, el apoyo debe adaptarse al territorio y a las lenguas de la comunidad. También se requiere presupuesto para transporte, conectividad y seguimiento cuando corresponda. Pedirle a un director que active una ruta de atención tiene sentido si existe un servicio que responda al otro lado. Una política seria debe señalar responsables, costos, plazos y mecanismos para saber si la ayuda llegó.

¿Qué ocurre cuando el miedo llega desde fuera del colegio, mediante amenazas o extorsiones?

En esos casos, la respuesta requiere protección pública y la actuación de las autoridades competentes. No se le puede pedir a una directora o a un profesor que investigue una amenaza criminal o negocie con quienes la realizan. La comunidad educativa necesita saber a quién comunicar el riesgo y qué medidas de seguridad se activarán.

Propongo que los planes de seguridad consideren el ingreso y la salida, los desplazamientos y la continuidad del servicio educativo cuando exista peligro. Tampoco debemos normalizar que las familias asuman solas el costo de proteger una escuela. Si enseñar se convierte en una actividad amenazada, el problema compromete a todo el Estado. Debe existir una respuesta coordinada, con responsables identificables y seguimiento.Explorar Cursos

¿Qué propone hacer desde ahora y cómo sabríamos si existe un avance real?

Propongo empezar por compromisos verificables. En la primera semana, cada escuela debería revisar sus canales de ayuda, identificar riesgos inmediatos y comunicar a las familias quién responde ante una agresión. Durante el primer mes, la UGEL debería identificar las instituciones que requieren apoyo prioritario y organizar la intervención de los servicios disponibles. En noventa días, las autoridades deberían presentar recursos asignados y resultados iniciales.

Evaluaría los tiempos de atención, la protección frente a represalias, la continuidad escolar, la repetición de agresiones y la percepción de seguridad. Un aumento inicial de reportes puede reflejar mayor confianza para pedir ayuda; por eso no debe leerse automáticamente como un empeoramiento. Se necesita información contextualizada y protección de los datos personales.

¿Cuál es su llamado final a docentes, familias, estudiantes y autoridades?

A los maestros les diría que su trabajo merece respaldo concreto. A las familias, que una conversación atenta puede abrir una puerta que sus hijos no sabían cómo cruzar. A los estudiantes, pedir ayuda y acompañar a un compañero amenazado son actos de responsabilidad. A las autoridades les pediría que conviertan este debate en una capacidad real de protección. Publiquen los recursos, indiquen quién responderá y rindan cuentas de los resultados. Y a cada comunidad educativa le propondría comenzar hoy: revisar qué ocurre en los espacios donde los adultos no miramos, escuchar sin humillar y actuar ante una señal de peligro. Ningún niño debería sentir miedo de entrar a su escuela. Hagamos que esa frase pueda comprobarse cada mañana.