Diputado Yalta pide a Contraloría intervenir el GORE Callao por favores a aportantes de campaña del entorno de Ciro Castillo
Solicita revisar contratos, auditar 87 plazas CAS indeterminadas en DIRESA Callao, y evaluar medidas preventivas para proteger los recursos públicos durante el cambio de gestión regional
El diputado Carlos Yalta Sotelo solicitó a la Contraloría General de la República acciones de control urgentes en el Gobierno Regional del Callao, tras las presuntas irregularidades expuestas por el programa Cuarto Poder. Pidió auditar el concurso para cubrir 87 plazas CAS indeterminadas en la Dirección Regional de Salud (DIRESA) y revisar las contrataciones de personal y las órdenes de servicio que habrían beneficiado a aportantes de campañas políticas vinculados al entorno del gobernador Ciro Castillo Rojo.
Según el reportaje emitido el 18 de octubre, más del 70 % de los aportantes a una campaña vinculada al entorno de la autoridad regional habrían terminado contratados en la entidad. Entre los casos expuestos figura Aniee Anggela Espezúa Paredes, quien pasó de prestar servicios por locación a ocupar una plaza en la planilla CAS. El informe también dio cuenta de órdenes de servicio a integrantes de la familia Rondinel, vinculada al financiamiento de una campaña electoral.
“Los recursos de los chalacos deben administrarse con transparencia. Si existen indicios de un festín de contrataciones, la Contraloría debe intervenir, verificar si se respetaron los procedimientos y determinar si hubo favorecimientos indebidos. El dinero público no puede utilizarse para pagar favores políticos”, subrayó.
87 PLAZAS CAS EN LA MIRA
En el oficio remitido al contralor general, César Aguilar Surichaqui, el diputado Yalta exigió auditar también la convocatoria de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) para cubrir 87 plazas CAS a plazo indeterminado. El control deberá verificar los perfiles, los requisitos, el sustento normativo, los registros de personal y la disponibilidad presupuestal.
“Es indispensable revisar estas plazas antes de que concluya la actual gestión regional. Debe quedar claro si el proceso cumple las normas y cuenta con respaldo presupuestal, sin privilegios ni requisitos orientados a favorecer a determinadas personas”, afirmó el parlamentario.
El pedido de fiscalización también comprende las planillas CAS y las órdenes de servicio del GORE Callao, con el propósito de identificar eventuales irregularidades y establecer las acciones de control que correspondan.
PROTEGER LOS RECURSOS PÚBLICOS
Ante la proximidad del cambio de gestión regional, Yalta solicitó que la Contraloría evalúe la procedencia de gestionar ante el Tesoro Público medidas temporales de protección de fondos, incluida, si corresponde legalmente, la suspensión delimitada de operaciones bancarias. El oficio precisa que cualquier medida debe preservar las obligaciones legítimas y la continuidad de los servicios esenciales de salud.
El legislador también pidió que la Contraloría informe las medidas adoptadas, las unidades responsables y el cronograma de las actuaciones de control.
Yalta sostuvo que, si las investigaciones de control identifican indicios de delitos, corresponderá poner los hechos en conocimiento del Ministerio Público para que evalúe la intervención fiscal y determine las responsabilidades penales que pudieran existir.
“El Callao no puede quedar expuesto a decisiones que comprometan sus recursos ni permitir que las dudas sobre las contrataciones queden sin respuesta. La Contraloría debe actuar con rigor y transparencia para defender los intereses de todos los chalacos”, concluyó.
