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Trasladan a ‘El Jorobado’, ‘JJ’ y ‘Chato Bazán’ en operativo contra alianzas criminales en penales

Siete internos del penal Ancón I fueron trasladados a otros establecimientos penitenciarios como parte de las medidas de seguridad implementadas por el Comando Unificado. Entre ellos figuran tres reclusos considerados de alta peligrosidad y vinculados a organizaciones criminales: Adam Smith Lucano Cotrina, alias ‘El Jorobado’; Yojairo Arancibia Seminario, conocido como ‘JJ’; y Jimmy Bazán Valderrama, alias ‘Chato Bazán’.

Según información preliminar, los siete internos estarían relacionados con ‘La Confederación’, una presunta alianza criminal que operaría desde el interior de los centros penitenciarios. El traslado busca evitar que estas organizaciones coordinen actividades delictivas desde las cárceles y reforzar el control de las autoridades.

El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Abraham Lescano, estuvo presente durante el operativo y explicó que la decisión se tomó a partir de labores de inteligencia y contrainteligencia para detectar posibles estructuras criminales dentro de los penales.

“Hay un trabajo de inteligencia y contrainteligencia que nos permite identificar cuál es el nivel de organización que podrían estar gestando desde el penal. Por seguridad los estamos trasladando a otro establecimiento penitenciario”, declaró Lescano.

El funcionario también se refirió a los reclamos de ‘El Jorobado’, quien afirmó padecer cardiopatía congénita e hipertensión pulmonar. Lescano sostuvo que estas declaraciones podrían formar parte de una estrategia para obstaculizar las medidas adoptadas durante el estado de emergencia y las acciones del Comando Unificado.

Asimismo, indicó que la Marina de Guerra, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional participan en el reforzamiento de la seguridad en los perímetros penitenciarios. Según explicó, la vigilancia exterior es fundamental para impedir que organizaciones criminales intenten vulnerar los controles o transmitir órdenes desde las cárceles.

Con estas acciones, las autoridades buscan frenar la reorganización de grupos delictivos y evitar que los establecimientos penitenciarios sean utilizados para coordinar actividades criminales.

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