JNJ podría destituir otra vez al juez Concepción Carhuancho
También le cancelarían su título de magistrado e inhabilitarían para regresar
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) podría sancionar con una nueva destitución al juez Richard Concepción Carhuancho, esta vez por no remitir a la Corte Suprema su decisión de inaplicar la ley que prescribe delitos de lesa humanidad.
Hace algunas semanas, la JNJ había dispuesto la destitución del magistrado por una queja presentada por el abogado Mateo Castañeda a raíz de demora al tramitar la apelación contra la orden de prisión preventiva que dictó el magistrado por el caso “Los Waykis en la Sombra”.
El informe del miembro instructor Rafael Ruiz Hidalgo, a raíz de la denuncia presentada por el congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), señala que está plenamente acreditada la falta muy grave de Concepción Carhuancho y propone la destitución, con cancelación del título de juez e inhabilitación para ingresar de nuevo a la carrera judicial.
Ruiz Hidalgo sustentará su informe el próximo 3 de noviembre, y luego de ello el pleno de la JNJ tomará una decisión.
El cargo se limita a una sola resolución, la del 20 de marzo del 2025, en la que el juez inaplicó el artículo 4 de la Ley 32107 al resolver una excepción de prescripción en el proceso contra Arturo Luis Castro Arias por asesinato en contexto de lesa humanidad.
En su denuncia, Rospigliosi le atribuyó a Carhuancho haber inaplicado leyes vigentes mediante control difuso en resoluciones de 2024 y 2025, sin elevarlas en consulta al superior. La JNJ la registró el 25 de noviembre de 2025. El juez presentó su absolución el 29 de diciembre.
Concepción Carhuancho reconoce que aplicó control difuso, pero sostiene que la apelación extinguió la obligación de elevar la resolución. Ruiz Hidalgo responde que la apelación solo suspende el trámite de la consulta.
Para el instructor, la obligación se reactiva si la Sala Superior confirma la inaplicación. Admitir lo contrario, dice, permitiría que un recurso de las partes prive a la Corte Suprema de su control sobre la constitucionalidad de las normas.
