Minem propone nueva Ley MAPE para impulsar la formalización de la minería artesanal

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) presentó una propuesta de nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), con el objetivo de establecer reglas permanentes para la formalización, sostenibilidad y desarrollo productivo de este sector.

El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, explicó que la iniciativa busca superar la fragmentación normativa mediante un marco jurídico que articule los procedimientos y establezca condiciones claras para los operadores mineros.

Tras reunirse con exministros del sector, representantes empresariales, economistas y académicos, el titular del Minem detalló que el proyecto contempla un régimen ordinario permanente para nuevos operadores y productores formalizados. Para iniciar o reiniciar actividades, estos deberán contar con autorización sectorial y certificación ambiental, según las características de sus operaciones.

Reinfo concluiría en diciembre de 2026

Shinno reafirmó que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) concluirá el 31 de diciembre de 2026. A partir del 1 de enero de 2027, la propuesta contempla un régimen de consolidación temporal que se extendería hasta el 31 de diciembre de 2028.

Este mecanismo estaría dirigido exclusivamente a las personas inscritas en el Reinfo, quienes podrían acogerse temporalmente bajo las condiciones y requisitos establecidos en la iniciativa.

El proyecto comprende a titulares de derechos mineros y de actividades de beneficio, así como a acopiadores, transportistas, procesadores, comercializadores y otros participantes de la cadena productiva del mineral.

Formape: el nuevo organismo propuesto

Uno de los principales componentes de la iniciativa es la creación del Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Minería Artesanal y Pequeña Minería (Formape), entidad adscrita al Minem.

Entre sus funciones estarían promover mejores estándares operativos, buenas prácticas laborales y de seguridad, así como la innovación tecnológica. También administraría sistemas de información y trazabilidad, evaluaría instrumentos de gestión ambiental y emitiría acreditaciones y autorizaciones para el inicio o reinicio de actividades.

La propuesta establece que las operaciones deberán cumplir con los principios de protección ambiental del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y contar con la certificación correspondiente. Los requisitos específicos se definirían mediante decreto supremo, considerando los riesgos y las condiciones territoriales de cada actividad.

Asimismo, Formape centralizaría los procedimientos administrativos mediante una casilla electrónica única y gestionaría un sistema de trazabilidad para identificar el origen, traslado, recepción, procesamiento y comercialización de los minerales.

La iniciativa también plantea autorizar al Banco de la Nación a brindar servicios bancarios a pequeños mineros y mineros artesanales, con el propósito de favorecer su inclusión económica.

¿Qué plantea sobre los contratos de explotación?

El proyecto establece que los pequeños mineros y mineros artesanales que operen bajo contratos de explotación o cesión serán responsables por los incumplimientos ambientales y de seguridad y salud ocupacional derivados de sus actividades.

En cambio, cuando las operaciones se realicen sin un contrato de explotación o cesión vigente, el titular de la concesión respondería solidariamente con quienes ejecutan las actividades por los impactos ambientales ocasionados.

La propuesta busca establecer responsabilidades dentro de la actividad minera y reforzar los mecanismos de control sobre las operaciones y la cadena de comercialización. Su aplicación dependerá del desarrollo normativo correspondiente y de la aprobación del proyecto.