MIMP rechaza presunta discriminación contra niño con TEA en caso que involucra a diputada Graciela Chipana

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) expresó su rechazo a cualquier acto de discriminación contra menores con trastorno del espectro autista (TEA), luego de que se difundiera un reportaje sobre el proceso judicial que afronta la diputada Graciela Chipana, de Juntos por el Perú.

A través de un comunicado oficial, el sector recordó que las personas con discapacidad tienen derecho a recibir una educación inclusiva y un trato digno, sin sufrir actos de segregación en los centros educativos del país.

El pronunciamiento se produjo tras la difusión de un reportaje del programa Cuarto Poder, que informó que Chipana afronta un juicio oral por el presunto delito de discriminación agravada contra un niño de tres años.

MIMP recuerda la obligación de garantizar una educación inclusiva

En su comunicado, el ministerio invocó el cumplimiento de la Ley N.° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, que establece disposiciones para garantizar los derechos de esta población.

El marco legal contempla la necesidad de que las instituciones educativas promuevan la inclusión, cuenten con docentes capacitados e implementen ajustes razonables para favorecer el aprendizaje y la permanencia de los estudiantes con discapacidad.

Con este pronunciamiento, el MIMP reafirmó la importancia de prevenir la discriminación y garantizar que los menores puedan acceder a una educación en condiciones de igualdad y respeto.

¿De qué se acusa a Graciela Chipana?

Según la información difundida, los hechos se remontan a abril de 2025, cuando Chipana trabajaba como profesora de educación inicial en el colegio San Antonio de Padua, en Moquegua.

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, la entonces docente se habría opuesto a recibir al menor en su aula debido a su condición de autismo. Por estos hechos, la Fiscalía ha solicitado dos años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.

El proceso se encuentra en la etapa de actuación probatoria y, según el reporte citado, la sentencia de primera instancia podría emitirse en un plazo aproximado de tres meses.

La defensa de la parlamentaria rechaza la acusación

Por su parte, Graciela Chipana sostuvo que existiría una intención de afectar su imagen pública. Su abogado defensor, el exfiscal José Domingo Pérez, afirmó que el Ministerio Público habría interpretado de manera errónea las observaciones formuladas por su patrocinada sobre las necesidades de atención del menor en el centro educativo.

El caso continúa en el ámbito judicial, mientras el pronunciamiento del MIMP pone nuevamente en el debate la obligación de garantizar una educación inclusiva y proteger los derechos de los niños con discapacidad.