“¡Que se olviden, acá en Nicaragua No habrá elecciones!”, así comenzó hace pocas semanas un discurso público televisado del sempiterno dictador – presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, personaje que ya va a cumplir en este “nuevo período” veinte años como jefe de Estado de dicho país centroamericano.
La “pareja presidencial” Ortega – Murillo ha prohibido se realicen elecciones generales, las mismas que estaban programadas para fines de 2026. Antes de ello, hace poco tiempo Ortega reformó la Constitución como si fuera su chacra y convirtió a su inefable esposa, Rosario Murillo, como copresidente de Nicaragua, asimismo, le puso fin a la democracia instituyendo a un solo partido en dicho país: el oficial que “reina y gobierna” a su antojo.
La designación de sus funcionarios y ministros se realiza solamente por consulta interna dentro del mismo partido, luego llama a los demócratas y opositores políticos: “vende patria” con la mayor expresión de terror.
Nicaragua ha atravesado uno de los casos de mayor retroceso democrático en Latinoamérica desmantelándose la separación de poderes para poder controlar no solo el ejecutivo, sino también el Poder Judicial, Poder Legislativo, y los sistemas electorales.
No solo contento con ello, las libertades de expresión, asociación y de religión han sido restringidas sistemáticamente, encarcelando no solo a miembros del clero, sino también de la sociedad civil y de la oposición democrática. Lamentablemente, son pocos los gobiernos democráticos de la región en condenar esta dictadura.
El deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua se ha vuelto verdaderamente alarmante, con una represión que incluso trasciende las fronteras del propio país afectado.
En este momento ya existen en Nicaragua: 60 personas presas políticas (15 de ellos adultos mayores), 200 detenciones por motivos políticos y 161 casos de desaparición forzada, aparte de varios casos más de tortura o malos tratos a los detenidos. Para febrero de 2026 los expertos internacionales habían detectado más de una docena de asesinatos, además intentos de homicidio y agresiones a los opositores, sin contar con la nefasta gestión gubernamental, la crisis económica, la corrupción generalizada de la dictadura y los presuntos vínculos con el narcotráfico.
Ante esta grave situación, resulta fundamental el respaldo de la comunidad internacional y la cobertura de los medios de comunicación para visibilizar la realidad que enfrena la sufrida población de Nicaragua en manos de la tiranía de Ortega y compañía.
Para los que nos consideramos demócratas es imposible no denunciar lo que sufre diariamente este hermano país centroamericano, por ello consideramos que solo la condena firme de organismos internacionales como la OEA y la ONU y el aislamiento diplomático del régimen contribuirá al fin de esta longeva tiranía, además de ayudar a evitar que sigan los asesinatos selectivos, las desapariciones forzadas, los arrestos ilegales, las torturas, la falta de libertad de expresión y de prensa, y en general, recuperar el orden constitucional democrático en Nicaragua.
(*) Exvicepresidente del Perú.
