Empezamos estas primeras líneas destacando la labor de las Fiscalías Especializadas de Trata de Personas en el combate y lucha contra este grave delito, en la conmemoración del “Día Nacional Contra la Trata de Personas” (23/09).
El Perú registró 1994 casos de trata de personas entre enero y agosto de 2026, según cifras del Ministerio Público; desde 2023, los casos ya superan los 9500. Vemos que la criminalidad en el país, si bien está siendo abordada de cara al ámbito delictivo, generadora de la inseguridad ciudadana, no es menos cierto que, dentro de los flagelos que azotan con más dureza a nuestra sociedad, se encuentra la trata de personas; estamos ante la esclavitud de la modernidad, donde la persona es cosificada y degradada a su máxima expresión, al convertirse en un objeto para estas organizaciones y bandas criminales, siendo instrumentalizada para fines estrictamente mercantiles, en el ámbito de la explotación sexual y laboral.
La pobreza, la marginalidad, el desempleo y el subempleo se convierten en caldo de cultivo para que estas corporaciones delictivas recluten eficazmente a las víctimas, quienes, con engaños, falsas promesas y, a veces, con intimidación, las colocan en este rentable negocio a costa del núcleo vital del ser humano, que es la dignidad, soporte y base fundamental de todo el ordenamiento jurídico.
Así, se diseña todo un modelo político-criminal que pretende generar represión y prevención a la vez, no solo orientado a la máxima retribución de los perpetradores, sino también al auxilio y protección de las víctimas, quienes merecen la mayor de las atenciones por parte del Estado, representado por todas las instituciones públicas encargadas de la prevención e investigación de esta criminalidad, que ha crecido mucho en los últimos años, sobre todo en época de pandemia. Crimen que avizora una acusada complejidad, dada su relación con otros graves delitos, como la extorsión, la minería ilegal, el asesinato, etc.
Es así que su eficaz y eficiente combate ha requerido un diseño de actuación articulada de los órganos encargados, no solo en el ámbito de su prevención y persecución, sino también teniendo como eje fundamental el Programa de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos, órgano de apoyo a la labor fiscal con 19 años de trabajo al servicio de las personas más vulnerables a nivel nacional.
Así, pues, el enfoque debe ser multifactorial, tanto en lo referente a las investigaciones y persecuciones penales contra sus perpetradores como en lo concerniente a las víctimas, no solo orientado a la pretensión resarcitoria, sino sobre todo a la tutela, a fin de evitar una segunda victimización y lograr su reinserción en la sociedad, fuera de todo estigma y percepción social negativa (artículos 9 y 10 de la Ley N.º 31146).
Siendo esto así, la trata de personas y los delitos de explotación humana deben ser calificados como una grave ofensa a la humanidad; por tanto, su investigación y persecución demandan la intervención de Fiscalías Especializadas que, de manera coordinada y articulada con los otros subsistemas del Ministerio Público, puedan desarticular y desmantelar estas organizaciones criminales, no solo sancionando a sus perpetradores, sino también atacando el patrimonio criminal (Extinción de Dominio, “Investigaciones Paralelas”).
(*) Fiscal superior y coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas de Extinción de Dominio. Doctor en Derecho, Magíster en Ciencias Penales por la UNMSM. Docente universitario
