TC realizará audiencia sobre norma que privatizaría el agua
El Frente en Defensa del Agua y la Vida argumenta que el Decreto Legislativo 1620 vulnera el derecho constitucional de acceso universal al agua potable
El Tribunal Constitucional (TC) sesionará en la ciudad de Piura para evaluar la Acción de Inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo (DL) 1620, norma que modifica la Ley Marco de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento. La audiencia pública se realizará el martes 29 de septiembre a las 9:15 a. m. en el campus de la Universidad de Piura.
La demanda, impulsada por el Frente en Defensa del Agua y la Vida con la firma de miles de ciudadanos, es un contundente rechazo a una normativa que amenaza con privatizar el recurso y a las empresas de agua. Las organizaciones sociales denuncian que la ley permite la entrega de ríos, lagunas y empresas a corporaciones privadas mediante concesiones de hasta 25 años, poniendo en jaque el derecho humano a su acceso.
Los argumentos de la demanda
El DL 1620 rompe con los límites establecidos en la norma anterior (DL 1280), la cual restringía la participación privada estrictamente a los procesos de potabilización, distribución y tratamiento de aguas residuales, manteniendo la gestión de las fuentes hídricas bajo el control exclusivo del Estado. Al entregarla a operadores privados, el Frente señala que se debilita el dominio público del agua y se sujeta su producción a intereses comerciales, colisionando con diversos artículos de la Constitución entre ellos el Artículo 7-A (derecho al acceso progresivo y universal al agua potable) y denuncian que la inclusión de privados generará un incremento en las tarifas de los usuarios.
El Frente en Defensa del Agua y la Vida —conformado por organizaciones sociales, gremios agrarios, estudiantes y el Sindicato Único de Trabajadores de Sedapal, Sutesal— ha convocado a sus dirigentes, activistas y bases de rondas campesinas a concentrarse en los exteriores de la universidad (Av. Ramón Mujica 131, Urb. San Eduardo), con el objetivo de exigir que los magistrados del TC declaren la inconstitucionalidad de la norma.
