Proponen una sola autoridad para fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales en todo el país
Proyecto de ley presentado por el diputado Carlos Yalta busca que SUNAFIL asuma la inspección laboral y potestad sancionadora sin distinguir el tamaño de la empresa, tras el vencimiento de la Ley 30814
El diputado Carlos Yalta Sotelo, vicepresidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, presentó el Proyecto de Ley N.º 00271-2026-2031-CD, que plantea consolidar a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) como autoridad de inspección y sanción a nivel nacional, sin diferenciar el tamaño de las empresas.
La propuesta modifica el actual esquema de competencias luego de que el 10 de julio de 2026 culminara la vigencia de la Ley N.º 30814, que durante ocho años asignó temporalmente a SUNAFIL la inspección laboral de las microempresas. Desde el 11 de julio, los gobiernos regionales reasumieron esa función.
El proyecto busca que la entidad ejerza la inspección y la potestad sancionadora sobre los empleadores, independientemente del número de trabajadores, tamaño de la empresa o ubicación territorial.
Para Yalta, el vencimiento de la Ley 30814 volvió a dividir la fiscalización laboral según el tamaño empresarial. Esa situación obligó al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y a SUNAFIL a establecer medidas de transición para garantizar la continuidad de los procedimientos, entre ellas el traslado a los gobiernos regionales del acervo documentario relacionado con denuncias, órdenes de inspección, actas de infracción y procedimientos administrativos sancionadores de microempresas.
“No podemos mantener un sistema en el que la autoridad que fiscaliza dependa del tamaño de la empresa. Necesitamos una autoridad nacional, criterios técnicos comunes y reglas claras para trabajadores y empleadores”, indicó.
GORES MANTENDRÁN PAPEL PREVENTIVO
Añadió que la propuesta no elimina la participación de los gobiernos regionales, que conservarán funciones de promoción de derechos, prevención, orientación, capacitación, formalización, identificación de riesgos y canalización de denuncias.
“No se trata de quitarles funciones a los gobiernos regionales, sino de ordenar responsabilidades, en prevención y promoción desde las regiones, y fiscalización y sanción bajo una autoridad nacional especializada”, subrayó el legislador de Renovación Popular.
El proyecto también contempla un régimen especial para el personal transferido a SUNAFIL durante la vigencia de la Ley 30814. Podrán incorporarse quienes ingresaron mediante concurso público, cumplan las condiciones establecidas y opten voluntariamente por continuar en la entidad.
ATENCIÓN DE CASOS GRAVES
La propuesta establece atención prioritaria para accidentes graves o mortales, trabajo forzoso, trabajo infantil prohibido, vulneraciones graves de derechos fundamentales, discriminación, hostigamiento sexual, represalias y obstrucción de la labor inspectiva.
“La fiscalización no puede convertirse en una carrera de trámites entre instituciones. Necesitamos información compartida, sistemas interoperables y capacidad de respuesta cuando exista un riesgo grave para los trabajadores. En ese sentido, el país necesita definir con claridad quién fiscaliza, quién previene y quién sanciona con reglas claras y estables”, concluyó.
