El Gobierno presentó un proyecto que busca crear un registro de organizaciones criminales clasificadas como terroristas, con el fin de sistematizar información sobre estructuras de mando, integrantes y zonas de actuación.
La propuesta también plantea establecer un mecanismo especial de coordinación dentro del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA), que articule a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y a los ministerios de Defensa e Interior.
Otro punto clave es la modificación del marco legal de las telecomunicaciones, lo que permitiría a las unidades policiales acceder a datos de localización, geolocalización y rastreo de teléfonos.
Finalmente, se propone incorporar herramientas tecnológicas para identificar patrones de comunicación asociados a redes de extorsión, rutas de sicariato y actividades de minería ilegal.
