“Fiscales pasaron de superhéroes a bufones” 

• Según el doctor José Pimentel, el hecho de haber privado de libertad a una persona durante 19 meses, con todo lo que ello implica en el ámbito social, moral, económico, patrimonial y profesional, definitivamente tiene una connotación indemnizatoria, ya sea en sede nacional o internacional.

POR: CARLOS RIVERO MELGAR

José Pimentel, abogado penalista, en entrevista con La Noticia al Día, por La Noticia TV (canal 27.2 de Best Cable y 203 de Cable Go), se refirió a la demanda civil del diputado Pier Figari contra fiscales y jueces del caso Cócteles. Sostuvo que otros procesados podrían presentar demandas de indemnización por una presunta persecución injusta. Cuestionó a los exfiscales de Lava Jato y afirmó que su imagen de “superhéroes” “ha devenido en casi una suerte de bufones del derecho”.

¿Cómo analizamos este contraataque de una persona investigada en el caso Cócteles —Pier Figari— contra los fiscales y jueces que llevaron el proceso? 

Creo que estamos frente a una futura demanda de indemnización por daños extracontractuales que se habrían producido por una persecución penal que finalmente el Tribunal Constitucional declaró archivada de manera definitiva por atipicidad.

¿Qué significa esto? 

Que la persecución penal realizada por jueces y fiscales habría implicado la privación de libertad durante 19 meses de quien ahora invita a conciliar al Estado, así como a los jueces y fiscales que intervinieron en el proceso, al considerar que se vio afectado por dicha persecución.

En ese marco, y de acuerdo con la Constitución, el Código Civil y la legislación sobre indemnización por errores judiciales, está recurriendo a la vía prejudicial de conciliación como requisito para presentar una demanda indemnizatoria, que en este caso ha sido fijada en 2 millones. Sin embargo, esa cantidad tendrá que ser demostrada para determinar la cuantía correspondiente.

El hecho de haber privado de libertad a una persona durante 19 meses, con todo lo que ello implica en el ámbito social, moral, económico, patrimonial y profesional, definitivamente tiene una connotación indemnizatoria, ya sea en sede nacional o internacional.

Así como Figari, ¿podría abrirse una larga fila de personas vinculadas al caso Cócteles que también tomen la misma medida? 

Por supuesto. Las personas procesadas en este caso que consideren que han sido perseguidas injustamente, que sus derechos fueron vulnerados y que sufrieron consecuencias por esta persecución pueden interponer demandas para buscar el resarcimiento del daño.

En el Perú se sostiene que no existe una voluntad indemnizatoria del Estado o que es muy difícil lograr una indemnización por errores judiciales. Sin embargo, existen antecedentes en los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dispuesto indemnizaciones cuando se determinó que fueron vulnerados los derechos de las personas.

Lo particular en este caso es que también se está demandando solidariamente a fiscales y jueces. Un juez o fiscal que, por acción u omisión, prive erradamente de la libertad y vulnere los derechos de una persona debe responder patrimonialmente por su error.

¿Cuánto podría demorar un proceso de esta naturaleza para obtener una reparación de 2 millones? 

Bueno, un proceso de indemnización es bastante complejo, porque se tienen que actuar pruebas y cumplir diversas etapas procesales. En el Perú, este tipo de procesos puede durar aproximadamente entre cuatro y ocho años.

Doctor, si se toman acciones contra José Domingo Pérez y Rafael Vela, ¿cómo quedaría la imagen de ambos como fiscales del Ministerio Público? 

Definitivamente, la ciudadanía ya tiene la percepción de que no han sido prolijos en su actuar y que han abusado del poder punitivo del Estado, aplicando la ley de manera tan restrictiva que terminaron privando de libertad a personas que no correspondía.

Esta imagen que se crearon de “superhéroes” ha devenido actualmente en casi una suerte de “bufones del derecho”, porque la interpretación que le han dado a la norma ha sido completamente desatinada y no sigue siquiera los cánones mínimos que deberían respetarse en el derecho.

¿Quién tiene mayor responsabilidad, el fiscal que solicita la prisión preventiva o el juez que la ordena? 

El fiscal propone, pero el juez también tiene responsabilidad si no cumple su función garantista y no actúa como un árbitro imparcial.

POLITIZACIÓN DEL MP DERIVÓ EN UNA PERSECUCIÓN ABUSIVA

José Pimentel sostiene que el Ministerio Público fue penetrado por una suerte de politización que derivó en una persecución penal abusiva. El abogado penalista señaló que el Tribunal Constitucional ha marcado un nuevo rumbo al establecer que las conductas pueden ser delitos solo si estaban previamente previstas en el Código Penal al momento de su comisión. A su juicio, las recientes decisiones evidencian una interpretación equivocada de la ley de fiscales.