Gobierno pone en emergencia cinco penales de alta peligrosidad y refuerza el control con PNP y FF. AA.
El Gobierno declaró el estado de emergencia por 60 días en cinco establecimientos penitenciarios considerados de alta peligrosidad, como parte de una estrategia para fortalecer la seguridad y evitar que desde las cárceles se coordinen actividades delictivas.
La medida, establecida mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM, comprende los penales de Challapalca (Tacna), Cochamarca (Pasco), Miguel Castro Castro y Ancón I (Lima), y Trujillo Varones (La Libertad).
La declaratoria alcanza el perímetro exterior de los establecimientos penitenciarios hasta un radio de 200 metros. Durante este periodo quedarán restringidos, dentro de los alcances establecidos por la norma, los derechos constitucionales relacionados con la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal.
Como parte del operativo, la Policía Nacional asumirá el control del orden interno en el perímetro, con apoyo de las Fuerzas Armadas. El INPE, en tanto, continuará a cargo de la administración y seguridad interna de los centros penitenciarios.
Las autoridades también reforzarán la vigilancia del espacio aéreo y del espectro electromagnético en los alrededores de los penales, además de intensificar los controles en los accesos. Estas acciones buscan prevenir fugas y limitar posibles comunicaciones ilícitas desde el interior de los establecimientos.
Asimismo, se desarrollarán operativos para detectar y decomisar celulares, tarjetas SIM y armas, en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE.
Según información del Ejecutivo, los cinco penales incluidos en la medida concentran cerca del 50 % de los internos vinculados a organizaciones criminales, por lo que fueron considerados puntos prioritarios dentro de la estrategia contra la inseguridad.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, sostuvo que el Gobierno continuará implementando acciones mientras el Congreso evalúa el pedido de facultades legislativas.
“Independientemente de la espera de la aprobación de la solicitud de facultades, el Gobierno nacional, a través de sus diversos sectores, impulsa medidas contra la inseguridad. Estamos seguros de que con las facultades actuaremos con más fuerza”, afirmó.
El Ejecutivo precisó que la declaratoria de emergencia no implica la suspensión de todos los derechos fundamentales. Durante la vigencia de la medida deberán garantizarse derechos como la vida, integridad personal, salud, defensa y debido proceso, conforme a la Constitución y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
