La inflación legislativa penal y el fracaso de la investigación policial

Solicitar facultades para legislar y “calificar a organizaciones criminales en determinados lugares, como terroristas”, es inconstitucional. No se puede dictar leyes para determinadas personas o lugares.

Anteriormente, algunos políticos pretendieron implementar “terrorismo urbano”; la Constitución señala que todos somos iguales ante la ley.

Este pedido demuestra carencia de asesores, pues creen que con leyes e incremento de penas vamos a conseguir terminar con la inseguridad ciudadana.

En los delitos de feminicidio, sicariato, secuestro, extorsión, etc., tienen cadena perpetua; y muchos condenados se encuentran sufriendo dicha pena en diversas cárceles. Terrorismo es un delito vigente desde el año 1992; simple y llanamente, no se aplica, que es muy distinto.

Dejen de recurrir a estas “ofertas para ganar titulares”. Lo que el país necesita son acciones y decisiones por el Ejecutivo. Basta de inflación legislativa en lo penal. El Código Penal tenía 452 artículos y “gracias” a los políticos se ha verificado más de 700 modificaciones, carentes de técnica jurídica, incoherentes y contradictorias, que son aprovechadas por los procesados; y algunas de ellas han sido aprobadas y promulgadas a favor de políticos investigados o procesados. Sin embargo, no ejecutan planes o estrategias. Veamos lo sucedido en Trujillo: es un evidente fracaso.

La recomendación es que pidan facultades para la elaboración de un proyecto de un nuevo Código Penal, elaborado por especialistas, como lo hizo Alberto Fujimori al promulgar el Decreto Legislativo 635, donde intervino la política e injustamente se excluyó el nombre del Dr. Luis Eduardo Roy Freyre, quien presidió la comisión encargada de redactar dicho proyecto. Luego de haber culminado dicha elaboración, se hizo entrega al Ejecutivo.

El presidente del Senado en 1991, Javier Alva Orlandini, sin haber intervenido, figura como presidente de una comisión revisora, y el nombre del Dr. Luis Eduardo Roy Freyre no figura como presidente ni integrante de la comisión.

De acuerdo con las informaciones de los medios de comunicación, se demuestran contradicciones entre la policía, la familia y el “secuestrado”; además, de las características físicas de los “secuestradores” y los detenidos. Se puede sostener que hubo liberación o rescate. ¿Qué pasa con los cuatro asesinados y el policía fallecido? Ninguna autoridad se ha pronunciado respecto a las víctimas. ¿O nos van a decir, como ha sucedido en algunos casos, que se suicidaron?

Al menos ya lo dicen en el caso del policía. Y la ausencia del ministro del Interior.

(*) Exdecano del CAL