La ampliación por 60 días del estado de emergencia en Lima y Callao, como parte de la lucha contra la criminalidad, contempla el reforzamiento del control y otras medidas en las cárceles, desde donde se vienen dirigiendo y coordinando delitos.
El Decreto Supremo dispone el apagón electrónico en las celdas, permitiendo únicamente la iluminación. Asimismo, autoriza el desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicación ilícita y encarga la vigilancia y sostenimiento a las fuerzas integradas (PNP, Fuerzas Armadas y Serenazgo Municipal) en el perímetro de las cárceles. Las fuerzas integradas ejecutarán operativos permanentes de incautación de tarjetas SIM, teléfonos, armas blancas y demás artículos prohibidos.
Además, con el apoyo de drones se realizará el monitoreo aéreo de las zonas donde se ubican los penales. La norma declara en sesión permanente al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) y conforma el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), presidido por el comandante general de la PNP.
También se incluye la conformación del Comité de Fiscalización, presidido por la Dirincri, que ejecutará operativos en las zonas de alto índice delictivo.
