“La Fiscalía de la Nación y la PNP unidas en lucha contra el crimen”

Luego de acudir al Congreso para coordinar la presentación del proyecto de nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, manifestó que el Ministerio Público (MP), con el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP), va a optimizar su labor en la lucha contra la criminalidad, ya que el aporte que hace es realizar las investigaciones de todos los casos. Señaló que el MP y la PNP luchan unidos contra el crimen.

Precisó que, en casos de delitos comunes como la extorsión y el sicariato, la Policía Nacional debe iniciar la investigación bajo la conducción del Ministerio Público, mientras que, en los delitos complejos, como lavado de activos, el inicio y la conducción de las pesquisas tienen que estar a cargo de la institución que dirige.

En ese sentido, detalló que, si bien el Ministerio Público siempre tiene la conducción de la investigación frente al delito, en algunos casos como los de extorsión y sicariato, la Policía actúa directamente, ya que en ellos se requiere una actuación criminalística operativa que debe efectuarse de inmediato.

«El que tiene que investigar y perseguir directamente la extorsión y el sicariato es la Policía; ellos son el órgano operativo. El Ministerio Público no realiza ese tipo de actividades, pero sí estamos llanos y vamos a colaborar con la Policía, brindando los fiscales para que puedan conjuntamente hacer las persecuciones e investigaciones correspondientes», señaló.

Sostuvo que, cuando se detiene a extorsionadores o a miembros de organizaciones criminales, el Ministerio Público siempre los acusa y el Poder Judicial siempre los condena en cumplimiento de su trabajo. Añadió que la dificultad no radica en que se absuelva o no se condene a los miembros de las organizaciones criminales, sino en que no se logra identificar a los responsables.

70% de detenidos son por conducir en estado de ebriedad

Tomás Gálvez explicó que, de 100 detenidos, unos 70 son por conducción de vehículo en estado de ebriedad, a quienes se les abre una carpeta fiscal y se les libera. De los 30 que quedan, otros 20 son por delitos no graves y que no están sancionados con pena privativa de libertad efectiva, por lo que también se los libera.

«De los 10 que quedan, muchos de ellos sí son por delitos graves, pero en la mayoría de casos no hay prueba suficiente y el Ministerio Público solicita la prisión preventiva al Poder Judicial. Sin embargo, como no hay prueba suficiente, obviamente el Poder Judicial no admite la prisión preventiva y se les tiene que soltar», indicó.