Los congresistas afines a Sendero Luminoso y la ejecución del plan de reconstrucción del partido

Desde mi experiencia de más de tres décadas en inteligencia y antiterrorismo, lo que estamos viendo en el Congreso y en el penal de Barbadillo era previsible y lo anunciamos. No es improvisación ni “casualidad política”. Es la materialización de la línea estratégica que Abimael Guzmán diseñó desde pri- sión para la segunda reconstitución de la OT – “Sendero Luminoso”.

El “Plan de Construcción del Partido” (alrededor de 2008) ordenó abandonar temporalmente la lucha armada abierta, construir “organismos generados”, impulsar la narrativa de “solución política, amnistía general y reconciliación nacional” y penetrar instituciones legales. El MOVADEF, el CONARE-SUTEP, la FENATEP y estructuras afines no fueron ocurrencias espontáneas: fueron herramientas para esa reconstitución. Hoy, con senadores y diputados electos en las filas de Juntos por el Perú —Iber Maraví, César Tito Rojas, Alejandro Manay y otros vinculados a esas estructuras— esa fase ha avanzado. Tener presencia parlamentaria no es derrota para ellos; es triunfo táctico, consecuencia de su estrategia. Les permite legislar, hostigar a la DIRCOTE PNP, diluir normas antiterroristas y construir impunidad desde adentro.

Las visitas nocturnas de Iber Maraví a Pedro Castillo en Barbadillo no son gestos humanitarios ni “derecho de senador”. Son coordinación política. Maraví lo ha dicho sin rodeos: puede ir “las 24 horas del día, los 7 días de la semana” y “cuantas veces quiera”. Otros legisladores de la misma bancada han seguido el mismo patrón. Eso convierte el penal de los expresidentes en un centro de operaciones. No es prisión común; es espacio de reunión, de instrucciones (dudo que Pedro Castillo tenga esa capacidad), solo es construcción de narrativa y victimización.

La narrativa del “preso político” es pieza clave del plan. Presentar a Castillo como víctima de un “régimen golpista” busca legitimar la amnistía, relativizar el terrorismo y preparar el terreno para la liberación de otros. Pero esa narrativa se desploma con las propias palabras y actos de quienes la impulsan. Anahí Durand Guevara, exministra de Castillo y actualmente ligada a esos mismos círculos, ha develado —con su visita y con el mensaje implícito que deja— que la cárcel de Castillo no es más que una oficina de coordinación política. Cuando se llega con piña en mano, se graba video y se justifica el aislamiento como “injusto”, mientras se mantiene un flujo constante de visitas parlamentarias nocturnas, el mensaje es claro: no se trata de un recluso aislado, sino de un nodo operativo.

A esto se suma el rol del vocero Ernesto Zunini, quien desde las cámaras del Congreso y los medios intenta normalizar este accionar. Con discurso calculado busca confundir especialmente a las nuevas generaciones con la falacia de que “Sendero Luminoso y el MRTA ya no existen”. Esa es precisamente la estrategia: borrar la memoria, relativizar los símbolos, presentar como “política legítima” lo que es continuidad del proyecto totalitario. Los jóvenes deben conocer este modus operandi para que no los sorprendan. Ya pagamos con sangre el precio de desoír y no ver a tiempo estos símbolos propios de ellos.

Esto no es paranoia. Es lectura de inteligencia. Sendero aprendió que la guerra popular puede mutar: de las armas a las curules, de los “aniquilamientos selectivos” a la captura de espacios institucionales, de la propaganda armada a la construcción de “presos políticos” y “organismos generados” legales. El objetivo final no cambia: resquebrajar la democracia, debilitar las instituciones de seguridad y crear condiciones para el regreso de su proyecto totalitario.

El Estado no puede seguir normalizando esto. La presencia de estos actores en el Congreso y el uso del penal de Barbadillo como centro de coordinación deben ser tratados como lo que son: amenaza a la seguridad nacional y a la democracia. La inteligencia predictiva, el control de integridad, la aplicación rigurosa de la ley antiterrorista y la vigilancia institucional no son opciones; son obligaciones. Quienes creen que “ya no hay Sendero” o que “ahora son solo políticos” no han leído ni el plan de construcción ni la historia de las últimas cuatro décadas.

Lo que está sucediendo era de esperar. Ahora toca actuar con la misma contun- dencia y legalidad con la que se enfrentó a Sendero en el terreno. La democracia no se defiende con discursos tibios. Se defiende con hechos, con inteligencia y con memoria.

(*) Coronel PNP (r), exdirector de la DIRCOTE y de la DINI