Cada vez que un sismo, una inundación, un huaico o un incendio urbano o forestal golpea alguna región del país, la atención se concentra en atender la emergencia y ayudar a los damnificados, pero una vez superados los momentos más críticos, la prevención vuelve a quedar en un segundo plano.
Según una encuesta de Ipsos Perú, el 74 % de ciudadanos considera que el país no se encuentra suficientemente preparado para enfrentar desastres naturales de gran magnitud, una percepción que refleja la preocupación de la población y evidencia la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta antes de que ocurra la próxima emergencia.
La prevención requiere mucho más que simulacros periódicos, porque también implica invertir en infraestructura resiliente, identificar zonas de riesgo, fortalecer los sistemas de alerta temprana y garantizar que las autoridades de todos los niveles actúen de manera coordinada, ya que cuando estas acciones se postergan las consecuencias suelen ser mucho más costosas tanto en vidas humanas como en recursos económicos.
Uno de los grandes desafíos será consolidar una verdadera cultura de prevención, debido a que la gestión del riesgo no debería activarse únicamente cuando ocurre una tragedia, sino formar parte de la planificación permanente del Estado y de las decisiones que se toman en cada región del país.
Esta responsabilidad también involucra a los gobiernos regionales y municipales, puesto que el ordenamiento territorial, la fiscalización de las construcciones y el mantenimiento de la infraestructura pública desempeñan un papel fundamental para reducir la vulnerabilidad de las comunidades frente a los desastres.
Además, la participación de la ciudadanía es clave, porque conocer las rutas de evacuación, preparar una mochila de emergencia, participar en simulacros y adoptar medidas básicas de prevención puede marcar una diferencia importante cuando cada minuto cuenta.
Invertir en prevención siempre será más rentable que reconstruir después de una tragedia, ya que cada obra ejecutada con criterios de seguridad, cada decisión orientada a reducir riesgos y cada acción destinada a fortalecer la capacidad de respuesta representan una inversión en la protección de las personas y en el desarrollo sostenible del país.
Las emergencias seguirán formando parte de nuestra realidad, pero sus consecuencias pueden reducirse si actuamos con anticipación. Por eso, además de reaccionar cuando ocurre un desastre, debemos construir un país que esté preparado para enfrentarlo, porque la verdadera pregunta sigue siendo: ¿estamos preparados para la próxima emergencia?
(*) Mg. CPC. y exdecano del Colegio de Contadores Públicos de Lima
