Jackson Mora admite haber recibido más de S/ 800 mil en presunto fraude contra municipalidad de Chincha
El empresario y peleador Jackson Mora Rodríguez, expareja de la modelo Tilsa Lozano, afronta una investigación por su presunta participación en una organización criminal dedicada al desvío de fondos públicos. Actualmente cumple 15 meses de prisión preventiva en el penal de Ancón I, tras una decisión del Poder Judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, Mora reconoció haber recibido más de 800 mil soles como comisión por intervenir en una operación que terminó con el desvío de casi 10 millones de soles pertenecientes a la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chincha.
Según la tesis fiscal, la organización criminal denominada «Los Arquitectos del Fraude» obtuvo de manera ilícita el documento de identidad del entonces alcalde Abel Sánchez Cahuana, así como las credenciales de acceso al Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). Con esa información, los investigados habrían transferido S/ 9’984,793 a la empresa FFC MMA SAC, vinculada a la familia de Jackson Mora.
Durante las diligencias, el empresario admitió su participación en el caso y explicó que aceptó involucrarse debido a los problemas económicos que atravesaba en ese momento.
«Aceptó participar debido a que atravesaba un difícil momento económico», señala la investigación fiscal sobre la declaración brindada por Jackson Mora.
Las autoridades lograron recuperar aproximadamente 8 millones de soles, aunque el monto correspondiente a la presunta comisión reconocida por Mora aún no habría sido ubicado.
En el mismo proceso judicial también recibieron 15 meses de prisión preventiva César Antonio Nepo Zolla, Daniel Mesones Massini —identificado por la Fiscalía como presunto cabecilla de la organización—, Giovanni Jeremy Torrico Mugaburu, Fabia Carolina Reyes Salas, Roy Luis Chauca Tantaleán, Fiorella Milagros Gallo Roncaya y Máximo Salomón Ojeda Cisneros.
El Ministerio Público continúa con las investigaciones para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados y esclarecer el destino del dinero que aún permanece desaparecido.
