Luego de una década vuelve a haber un proceso de transferencia, de recepción del gobierno en el país. Ralentizado por disposiciones de la Contraloría, lo que debería ser un proceso dinámico y eminentemente político ha sido sacudido por filtraciones malintencionadas, normativas burocráticas y deseos de seguir impulsando contrataciones y proyectos por parte del gobierno saliente.
Ese solo hecho, la desleal conducta con el país, de seguir adelante con contrataciones, manejo de proveedores y decisiones que por el tiempo deberían ser asumidas por el próximo gobierno, indica que esa normativa de la Contraloría, que data ya de hace varios años, no es un elemento que ayude a una transferencia eficiente. Durante el gobierno del presidente Sagasti, no hubo una transferencia seria. Fue, desde mi punto de vista una pantomima. El presidente electo Pedro Castillo junto a su vicepresidenta Dina Boluarte acudieron a Palacio el 22 de julio del 2021 para dar inicio formal a la “transferencia”. Así como lo lee, seis días antes de que juramente.
En ese tiempo es imposible conformar un equipo capaz, responsable, profesional de transferencia. Y parece que así lo sabía el gobierno saliente pues la presidenta del consejo de ministros de ese entonces, Violeta Bermúdez, señaló que el gobierno del señor Sagasti había decidido inaugurar una nueva forma de entregar los cargos a lo que denominó “transferencia con transparencia” que consistía en dar una serie de conferencias de prensa para informar a la ciudadanía, como si los ciudadanos fueran los que van a gobernar. Considero que allí empezó el desastre que estamos viviendo en este quinquenio, que fue ayudado además por normativas que bajo el maquillaje de “integridad” solo buscaban asegurar el puesto de trabajo de aquellos que ya se encontraban en la administración pública.
La presidenta electa Keiko Fujimori sí está haciendo, en estos días, un verdadero ejercicio de transferencia y para ello ha delegado en personas capaces el tomar nota del Estado de la Nación. Como era de esperarse esto ha generado reacciones diversas entre quienes se niegan a perder el poder y están respondiendo con filtraciones, descalificaciones, exigencias altísimas, es decir, nada nuevo con relación a lo que vienen haciendo desde años para neutralizar a quien ose desafiar o quitarles cuotas de poder, en este caso Fuerza Popular, el partido ganador de las elecciones.
Otro de los elementos que han surgido en los últimos días es el de las exigencias altísimas que van desde la solución de la inseguridad en los primeros días del nuevo gobierno hasta peticiones de indulto o reformas de segunda generación. Ante esto, la respuesta del nuevo gobierno debe ser política y a cargo del nuevo gabinete, señalando con claridad las metas y objetivos a cumplirse en paralelo a un proceso de consolidación ante una ciudadanía ávida de logros y hundida en la decepción causada por la mediocridad imperante en los últimos 10 años. Diez años de deterioro político no se cambian en una semana ni en cien días. Se requiere de un proceso planificado que conjugue actitud política, capacidad tecnócrata con logros. Es la manera con que estoy seguro el próximo gobierno conquistará el favor popular.
(*) Ingeniero y exministro de Trabajo y Promoción del Empleo.
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