Han pasado más de seis meses desde que los agricultores de Colcamar (Luya, Amazonas) denunciaron al juez superior titular Gonzalo Zabarburu Saavedra por apropiarse de un camino rural ancestral, cerrado con una reja metálica y candado.
Sin embargo, la piscina del magistrado, construida sobre la vía, sigue bloqueando el acceso de los pobladores a sus chacras, mientras él continúa ejerciendo funciones con normalidad. Vecinos denuncian hostigamiento y acoso judicial, pues Zabarburu los acusa de delitos inventados para forzar el abandono del terreno comunitario.
Su historial incluye procesos por incumplimiento de deberes en un caso de narcotráfico y una denuncia por acoso a una colega magistrada. Pese a ello, no ha sido suspendido y sigue integrando comisiones clave.
