Los gremios de transporte urbano de Lima y Callao han solicitado una reunión urgente con la presidenta electa, Keiko Fujimori, para exigir medidas contundentes frente a la ola de extorsiones que golpea severamente al sector.
Según los dirigentes, el temor a nuevos ataques armados ha provocado que hasta el 50% de la flota de unidades permanezca totalmente paralizada. Esta reducción del servicio ya perjudica a miles de pasajeros que dependen del transporte público en la capital, generando un impacto económico y social que se agrava con el paso de los días ante la falta de garantías de seguridad.
El representante de la Cámara Internacional de Logística y Transporte, Martín Ojeda, expuso la complejidad y gravedad de la situación actual. Señaló que, si bien los operativos de la Policía Nacional del Perú continúan capturando a gatilleros y mandos menores encargados de ejecutar los atentados, las acciones de inteligencia civil y policial están fallando en desarticular a los verdaderos cabecillas que dirigen estas organizaciones criminales desde la sombra.
Por su parte, Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima, advirtió que la falta de respuesta del Estado ha llevado a una crisis profunda en el sistema de transporte.
