El riesgo de violencia ante los resultados electorales

A pocos días de culminar el conteo definitivo de actas, todo hace suponer la victoria de Fuerza Popular y su candidata Keiko Fujimori. Ante este escenario, el país se enfrenta al riesgo de protestas sociales violentas en rechazo a los resultados.

Es preocupante el evidente desconocimiento del candidato y líder de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, sobre cómo se encaminan y respetan los resultados de una segunda vuelta.  A pesar de que ambos candidatos se comprometieron públicamente a respetar la voluntad popular, JP viene adoptando acciones para cuestionar la transparencia del proceso. Alegan presuntos vicios sin mayor sustento, ignorando que los organismos electorales han mantenido una labor objetiva y que existen múltiples mecanismos que garantizan la legalidad de los votos.  A lo largo de la campaña, JP ha promovido marchas “en defensa del voto”.

Las últimas convocatorias, como las de Puno y Juliaca o la llamada “Toma de Lima”, no han tenido la contundencia esperada. Sin embargo, la insistencia continúa convocando a plantones y a una gran movilización nacional, llamando a conformar un “Frente Patriótico Popular”. Esta denominación es peligrosamente similar a la usada por Antauro Humala en el 2018, lo que parece reflejar la influencia de este sector y manifiesta un mayor riesgo de violencia en Lima y el sur del país.

En realidad, a lo largo de la campaña electoral JP ha venido promoviendo marchas en distintos momentos “en defensa del voto popular”, primero para asegurar su pase a la segunda vuelta, y en estos días para revertir un resultado que no le favorece. Las últimas protestas, sin embargo, no han tenido la contundencia esperada, como fueron las protestas realizadas en Puno y Juliaca el 10 de junio y la llamada “Toma de Lima” y “Los Cuatro Suyos” del 13 de junio. Asimismo, las vigilias y movilizaciones ante el JNE y otras sedes no han tenido mayor resonancia sobre los organismos electorales, los que han mantenido -para esta segunda vuelta- una labor objetiva y transparente. El derecho de expresión y las libertades para movilizarnos están absolutamente garantizados por nuestra Constitución; ¡pero violencia no! ¡Falta a la autoridad, no! Respetemos el derecho a toda exigencia, pero siempre dentro de los cánones de la democracia, el respeto por las leyes y hacia los demás.

Por ello, es momento de que las autoridades impongan el principio de autoridad. En ese sentido, respaldamos firmemente lo señalado por nuestro alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y las medidas adoptadas para resguardar el Centro Histórico ante posibles marchas violentas, una postura que también cuenta con el respaldo de gremios empresariales y otros alcaldes. 

Si bien la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tienen un plan de operaciones, lo más importante es que las instituciones sostengan la transparencia del resultado final. Asimismo, sería saludable que Fuerza Popular se pronuncie a favor de un diálogo nacional desde el primer día, mostrando voluntad de gobernar para todos los peruanos. De lo contrario, el radicalismo buscará cualquier excusa para arrastrarnos a una crisis social de mayor magnitud. La democracia se defiende con la ley, no con la fuerza.

(*) Abogado. Con estudios de especialización en Gestión Pública, Dirección y Planeamiento Estratégico.