¡El colmo! Defensa Pública del Minjus gasta más en defender a delincuentes que a las víctimas
- Son 1,300 abogados del Estado que patrocinan a los detenidos, mientras que solo 400 protegen a víctimas de violencia familiar o delitos contra la vida.
La Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, órgano del Ministerio de Justicia, tiene como mandato constitucional el garantizar el acceso a la justicia y la defensa técnica gratuita de la población, pero destina gran parte de su presupuesto y capital humano, a interesarse más en los derechos de presuntos delincuentes que de las personas que son víctimas.
En el área penal, de un total de 2 100 defensores públicos en actividad, unos 1 300 (es decir el 71%) son destinados para que se aboquen a resguardar los derechos de los investigados y detenidos, según cifras oficiales.
Pero cuando se trata de proteger los derechos de las personas que se han visto agraviadas por delitos contra la vida, el cuerpo, la salud y violencia de género.
Para las víctimas, la Defensa Pública y Acceso a la Justicia, sólo dispone de un equipo de 400 a 500 defensores. Y unos 300, para temas de familia. Ello representa el 19.7% para asistencia legal a las víctimas en temas civiles, familia y conciliaciones; y el 9.3% para agraviados de violencia de diversos tipos.
Cabe recordar que este órgano del MINJUS, está dirigido por Abel Hurtado Espinoza, quien actualmente se encuentra investigado por la Fiscalía Anticorrupción por su relación con la ex titular del Ministerio Público, Patricia Benavides.
Más presupuesto para defender agresores
De acuerdo a información oficial, para los años 2025-2026, la Dirección General de la Defensa Pública ha solicitado como presupuesto para la implementación de las 5 fases del Subsistema Especializado Contra la Extorsión y Delitos Conexos un total de 40 millones 408 mil 230 soles, de los cuales, 23 millones 100 mil 989 soles estarán destinados a la contratación de personal CAS, compréndase la contratación de nuevos defensores públicos para la defensa legal de los imputados.
Estas cifras son ampliamente superiores a las que se presente asignar a la Policía Nacional del Perú en su labor de prevención y combate contra el crimen.
Según los lineamientos de la Ley del Servicio de Defensa Pública (Ley 29360), el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) organiza y distribuye a su personal de acuerdo con el presupuesto, las necesidades de la población y la carga procesal.
