JNJ confirma la no ratificación de José Domingo Pérez y oficializa su salida del Ministerio Público
En una decisión trascendental para el sistema de justicia del país, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) confirmó de manera definitiva la salida del fiscal José Domingo Pérez del Ministerio Público. El pleno del organismo constitucional autónomo declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto por el exmagistrado, ratificando la postura de no renovarle la confianza en su cargo como fiscal provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios del Distrito Fiscal de Lima.
La resolución se dio bajo el marco de la Convocatoria N.° 002-2024-Ratificación/JNJ y estuvo sustentada en la ponencia de la consejera María Teresa Cabrera. Tras un análisis integral del desempeño funcional de Pérez Gómez, el voto del pleno fue prácticamente unánime a favor de su cese, contando con el respaldo de seis consejeros y un único voto singular. Según detalló la propia institución, tras evaluar de manera conjunta los elementos recopilados en el procedimiento, «el pleno concluyó que no se alcanzó la convicción positiva requerida para mantener su continuidad en el cargo».
El ahora exmagistrado alcanzó una alta notoriedad pública en los últimos años debido a su rol protagónico dentro del Equipo Especial Lava Jato, donde lideró mediáticas investigaciones por presuntos actos de corrupción contra importantes figuras empresariales y líderes políticos de alto perfil. No obstante, el cierre de su etapa en la fiscalía se produce en medio de una intensa polémica por su reciente y abierta exposición política a favor del actual candidato presidencial por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.
La controversia escaló a niveles críticos luego de que se difundieran imágenes de José Domingo Pérez participando activamente junto a Sánchez en un mitin en la Plaza San Martín a pocas semanas de la segunda vuelta electoral. El polémico abrazo entre el exmiembro del Ministerio Público y el aspirante izquierdista durante un «balconazo» de campaña terminó por consolidar severas críticas desde diversos sectores, que acusaron una evidente vulneración a la neutralidad e independencia que exige la función fiscal.
