Roberto Sánchez afrontará juicio oral por presuntas irregularidades en reportes financieros ante la ONPE

El Poder Judicial dispuso que el candidato presidencial Roberto Sánchez enfrente un juicio oral por los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de información relacionada con los aportes económicos de Juntos por el Perú ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
La decisión fue adoptada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, luego de considerar que existen elementos suficientes para que el caso sea debatido en una audiencia pública. Con ello, culmina la etapa intermedia del proceso y se da paso al juzgamiento correspondiente.
La investigación del Ministerio Público se centra en los informes financieros presentados por la agrupación política durante el año 2019. Según la tesis fiscal, el partido informó que no recibió aportes económicos en ese periodo; sin embargo, las pesquisas habrían detectado ingresos que no fueron reportados a la autoridad electoral.
De acuerdo con la acusación, el monto presuntamente omitido asciende a S/204,951.36. La Fiscalía sostiene que dichos recursos fueron depositados en una cuenta bancaria que no formaba parte de la estructura financiera oficial del partido y que habría sido creada por William Sánchez Palomino, hermano del candidato presidencial.
Asimismo, el Ministerio Público argumenta que la omisión de estos aportes habría impedido que la ONPE realizara una adecuada supervisión sobre el origen y destino de los recursos económicos de la organización política. Entre las pruebas presentadas figuran registros bancarios, movimientos financieros y documentación correspondiente al periodo investigado.
Como parte de su requerimiento, la Fiscalía ha solicitado una pena de cinco años y cuatro meses de prisión efectiva contra Roberto Sánchez. Además, pidió que se le imponga una inhabilitación para ejercer cargos de representación política o dirigir organizaciones partidarias.
La defensa del candidato rechazó las imputaciones y solicitó el archivo del caso durante la etapa intermedia. No obstante, el juez Adolfo Farfán desestimó dicho pedido y ordenó que los hechos sean analizados en juicio oral.
«Corresponde que los hechos imputados sean analizados en un juicio oral donde las partes puedan presentar y controvertir las pruebas reunidas durante la investigación», señala la resolución judicial basada en el artículo 353 del Código Procesal Penal.
Ahora será el Poder Judicial el encargado de designar al colegiado que llevará adelante el proceso y fijará la fecha de las audiencias. Hasta que exista una sentencia firme, Roberto Sánchez mantiene la condición de procesado y continuará ejerciendo plenamente sus derechos políticos.




