Perú destinaría más de S/ 46 mil millones para evitar que exmilitares caigan en mafias y guerras extranjeras
La reforma de las pensiones militares y policiales costaría más de S/ 46 mil millones, pero el Gobierno defiende la medida como una forma de evitar que exuniformados terminen reclutados por mafias y guerras extranjeras como la de Ucrania.
El debate sobre las nuevas pensiones para militares y policías ha vuelto al centro de la agenda nacional. La reciente aprobación de la Ley 32561 abrió una fuerte discusión entre economistas, políticos y expertos en seguridad sobre el costo que asumirá el Estado peruano en las próximas décadas.
Sin embargo, detrás de la controversia económica también aparece otro problema que preocupa al Gobierno: el avance del crimen organizado, el crecimiento del mercenariado internacional y la situación de cientos de exmilitares y expolicías peruanos que, ante bajos ingresos tras su retiro, terminaron buscando trabajo fuera del país o vinculándose a organizaciones ilegales.
La norma modifica el sistema pensionario del personal militar y policial regulado por el Decreto Legislativo 1133 y establece mejoras en jubilaciones, pensiones de viudez y beneficios para familiares.
El impacto fiscal estimado por el Consejo Fiscal podría alcanzar los S/ 46.000 millones en valor presente. Además, el costo sería más de tres veces superior a las proyecciones iniciales realizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.
De acuerdo a un medio local, el Consejo Fiscal advirtió que el sistema militar-policial requeriría aportes equivalentes al 42% de las remuneraciones para alcanzar sostenibilidad financiera, aunque actualmente los afiliados aportan alrededor del 15%.
El temor
Detrás de la reforma aparece también un problema de seguridad que el Estado sigue con preocupación: la captación de exuniformados por organizaciones criminales y conflictos internacionales.
Diversos reportes internacionales y testimonios recogidos en los últimos meses revelaron la presencia de ciudadanos peruanos combatiendo en la guerra entre Rusia y Ucrania.
La cadena CNN, un medio de comunicación de Estados Unidos, informó en reportajes recientes que combatientes latinoamericanos, incluidos peruanos, viajaron a Ucrania atraídos por pagos superiores a los que podrían obtener en sus países de origen.
Por su parte, la agencia internacional EFE, reportó denuncias de familiares peruanos que perdieron contacto con exmilitares reclutados para el conflicto europeo.
En paralelo, medios internacionales y abogados de familias afectadas reportaron que entre 15 y 20 peruanos ya habrían muerto en la guerra entre Rusia y Ucrania, mientras cientos permanecen desaparecidos o inubicables.
Expertos en seguridad sostienen que las bajas pensiones pueden convertirse en un factor de riesgo en contextos donde crecen las economías ilegales y la demanda de personal armado.
El exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, José Luis Gil, declaró en entrevistas difundidas por medios peruanos que los «exmilitares y expolicías representan perfiles altamente valorados por organizaciones criminales» debido a su «entrenamiento táctico y experiencia operativa».
Especialistas consultados por medios internacionales también advirtieron que América Latina se ha convertido en una fuente creciente de combatientes para conflictos extranjeros debido a la precariedad económica de muchos exuniformados.
La defensa política
Desde asociaciones de pensionistas militares y policiales también argumentan que muchos efectivos pasan al retiro a edades relativamente jóvenes, pero enfrentan dificultades para reinsertarse al mercado laboral formal.
Para los defensores de la reforma, mejorar las pensiones militares y policiales no solo es un tema previsional, sino también una estrategia de seguridad nacional frente al avance del crimen organizado y las redes internacionales de reclutamiento armado.
