El Ministerio Público dispuso ampliar por ocho meses la investigación preliminar contra el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, y otros implicados por la presunta comisión de delitos contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada, en agravio del Estado.
El caso está vinculado a la contratación de la empresa Galaga para el servicio de transporte de carga a nivel nacional, destinado al despliegue y repliegue de material electoral, equipos informáticos e implementos durante las Elecciones Generales 2026.
El Primer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios sostiene que la evaluación de la empresa habría sido discrecional y ajustada a lineamientos emitidos a su medida.
En paralelo, el vocero de la Contraloría General de la República, Luis Castillo Torrealva, reveló que Corvetto autorizó, un día antes de los comicios del 12 de abril, una modificación en el cronograma del plan operativo electoral que habría favorecido a Galaga y ocasionado demoras en el traslado del material destinado a las mesas de sufragio.
