Gobernadores regionales exigen acciones urgentes ante la crisis del sector arrocero y la instalación inmediata de una mesa de diálogo
La ANGR advierte que miles de familias agricultoras producen a pérdida y pide la intervención inmediata del Gobierno Central
La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), frente a la grave crisis que atraviesa el sector arrocero nacional, hace un llamado al Gobierno Central para que adopte acciones inmediatas en defensa de miles de familias de agricultores que al día de hoy están sufriendo grandes pérdidas y afectaciones a su economía.
El arroz representa uno de los pilares de la seguridad alimentaria del Perú. Nuestro país registra uno de los mayores consumos per cápita de arroz en América Latina, alcanzando aproximadamente 65 kg por habitante al año. Se calcula que más de 74 mil productores participan directamente en esta actividad, generando cerca de 50 millones de jornales anuales y ocupando a más de 1.5 millones de personas en toda la cadena productiva y comercial.
Actualmente se cultivan más de 450 mil hectáreas de arroz a nivel nacional, movilizando miles de millones de soles en transporte, fertilizantes, maquinaria, molinos, comercio y abastecimiento alimentario del país.
Sin embargo, pese al enorme esfuerzo productivo, los agricultores vienen enfrentando los altos precios de los fertilizantes, elevados costos de combustible para el transporte y la logística, así como posibles prácticas de competencia desleal, concertación de precios y acaparamiento de mercado.
En ese sentido, solicitamos de manera urgente al Gobierno Central, lo siguiente:
- Instalación inmediata de una Mesa de Diálogo Nacional Técnica y Productiva del Arroz
Con participación de los productores arroceros, los gobiernos regionales, el MIDAGRI, el MEF y la APEMA (Asociación Peruana de Molineros de Arroz), así como de los organismos reguladores, con el fin de construir soluciones sostenibles y equilibradas.
- Implementar un bono extraordinario de fertilizantes.
Dirigido a productores arroceros, considerando el elevado costo de la urea y otros insumos agrícolas que vienen afectando drásticamente la rentabilidad del agricultor peruano.
- Reducción del impacto del combustible en la cadena agrícola
El incremento del flete se deduce directamente del precio pagado en el campo a los productores arroceros, lo que afecta sus ingresos y podría descapitalizarlos.
- Evaluar la implementación de mecanismos de protección temporal o “precio refugio”
Lo que permitirá corregir las distorsiones en los precios que se presentan actualmente y evite la descapitalización del productor, garantizando la sostenibilidad alimentaria nacional.
- Investigación inmediata por parte del INDECOPI, SUNAT y el Ministerio Público
Sobre posibles prácticas de concertación de precios, acaparamiento y abuso de posición dominante en el mercado arrocero, conductas contrarias al artículo 61 de la Constitución Política del Perú, que prohíbe monopolios y prácticas restrictivas de la libre competencia.
- Revisión de la política de importaciones y aranceles
Ante posibles prácticas de dumping y distorsiones de mercado que afectan gravemente la producción nacional.
- Reactivación del financiamiento de obras de defensa ribereña
Exhortamos al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Presidencia del Consejo de Ministros y a la Autoridad Nacional de Infraestructura, a reactivar, a través del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales-FONDES, el financiamiento de las obras paralizadas de protección y defensa ribereña, heredadas del esquema de Reconstrucción con cambios-RCC, y que deben servir como contingencia para proteger miles de hectáreas agrícolas frente a lluvias e inundaciones.
Finalmente, solicitamos al señor presidente de la República evaluar la permanencia del ministro de Agricultura, ante los hechos que se vienen suscitando durante el paro agrario y que afectan gravemente la economía de los agricultores del país.
Reafirmamos nuestro mayor compromiso en defensa del agro y de los agricultores del Perú, lo que implica proteger la seguridad alimentaria, el empleo rural y la estabilidad económica de millones de peruanos.
