Más de la mitad de colegios públicos del Perú está al borde del colapso
- Más de 1.2 millones de escolares estudian en aulas deterioradas, mientras la brecha entre el campo y la ciudad sigue creciendo. La crisis de infraestructura educativa golpea con más fuerza a las zonas rurales del país.
Han pasado más de dos meses desde el inicio del año escolar 2026, pero miles de estudiantes en el Perú siguen asistiendo a clases en colegios con paredes agrietadas, techos inseguros y servicios básicos deficientes.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Educación (Minedu) difundidas por El Comercio, unos 26 mil 905 colegios públicos necesitan ser reemplazados por completo debido al grave deterioro de su infraestructura.
La cifra retrata una realidad preocupante: más de 1.2 millones de escolares estudian actualmente en ambientes considerados críticos o en riesgo de colapso.
Muchas de estas instituciones arrastran daños causados por lluvias, sismos y años de abandono estatal.
Brecha entre regiones
El problema golpea con mayor dureza a las zonas alejadas del país. Nueve de cada diez colegios que requieren reconstrucción total están ubicados fuera de las grandes ciudades.
Mientras en algunas capitales regionales se inauguran modernas escuelas piloto, en cientos de comunidades rurales todavía se enseña en aulas de madera, con techos de calamina y acceso limitado a electricidad o agua potable.
La desigualdad educativa vuelve a quedar expuesta en la infraestructura.
Emergencia en el campo
El panorama es todavía más crítico en la educación rural. Según los datos del Minedu, el 57% de los colegios rurales necesita ser reemplazado totalmente.
Es decir, más de la mitad de las escuelas ubicadas en el campo opera en espacios que deberían ser reconstruidos o clausurados.
Para cerrar esa brecha y garantizar condiciones mínimas —aulas seguras, servicios higiénicos, agua y energía eléctrica— el Estado tendría que invertir cerca de 99 mil millones de soles.
La cifra refleja el abandono histórico que enfrentan las zonas rurales, donde además los indicadores de aprendizaje siguen por debajo de los alcanzados en áreas urbanas.
Sin mantenimiento básico
La Defensoría del Pueblo también encendió las alarmas tras supervisar más de 500 colegios públicos del país.
El informe reveló que 185 instituciones educativas no recibieron presupuesto para trabajos básicos de mantenimiento, dejando expuestos a miles de alumnos y docentes.
En los colegios donde sí hubo intervenciones, las reparaciones se concentraron principalmente en servicios higiénicos y sistemas eléctricos, evidenciando problemas de salubridad y seguridad.
Faltan materiales
La crisis no solo afecta a la infraestructura.
Un total de 246 colegios reportó dificultades para acceder a materiales educativos durante el año escolar 2026.
Más del 60% indicó que los recursos llegaron de forma insuficiente y otros denunciaron entregas incompletas.
Incluso, algunas escuelas aseguraron no haber recibido ningún material pedagógico.
“Estas condiciones limitan el proceso de enseñanza y aprendizaje, especialmente en zonas con menos acceso a recursos complementarios”, advirtió la Defensoría del Pueblo.
Déficit de docentes
A ello se suma otro problema estructural: la falta de profesores.
Durante las supervisiones se detectaron 30 plazas docentes sin cubrir y ausencia de maestros en decenas de colegios durante horario de clases.
Según el reporte, en varios casos las inasistencias respondían a motivos personales sin sustento documentado.
La Defensoría pidió a las Direcciones Regionales de Educación y UGEL adoptar medidas inmediatas y priorizar las regiones afectadas por lluvias y huaicos.
Loreto, el reflejo
Uno de los casos más preocupantes se registra en Loreto, donde la Institución Educativa N.° 60793 “Túpac Amaru” fue declarada inhabitable.
Hasta ahora, padres de familia y docentes siguen esperando una solución concreta para garantizar espacios seguros donde los estudiantes puedan continuar sus clases.
La Defensoría recordó que estas condiciones vulneran el derecho de niños y adolescentes a recibir una educación digna y segura.
“Estas deficiencias vulneran el derecho de niños y adolescentes a recibir educación en condiciones adecuadas y seguras”, sentenció la Defensoría del Pueblo, demandando una intervención inmediata.
Porque detrás de cada aula deteriorada no solo hay infraestructura dañada: también hay oportunidades perdidas y el futuro de miles de escolares en juego.
